Junts ha decidio hacer hoy oposición. En una intervención tras la agitada sesión de control este miércoles en el Congreso, Josep María Cruset, del grupo parlamentario de los de Puigdemont, ha desmontado dato a dato el relato de bonanza económica del sanchismo, poniendo de manifiesto en la Cámara de representantes lo que por desgracia la ciudadanía constata en su día a día; España no va bien. Ni como un cohete ni como un 600. La paupérrima situación de los datos oficiales dibuja para el país uno de los peores escenarios económicos del continente.
El Ejecutivo insiste, en su grandilocuente narrativa, que España lidera el crecimiento económico en la eurozona aludiendo al PIB. El dato clave del PIB per cápita -que mide la riqueza real por habitante- pinta un cuadro muy distinto. Con 36.300€ euros por persona, España se sitúa en el puesto 16 entre los países del euro, muy lejos de las grandes economías europeas. El crecimiento agregado no se traduce en bienestar generalizado y la población no solo se estanca, sino que pierde poder adquisitivo real; somos más pobres.
El empleo es otra bandera del Gobierno, que asegura haber generado trabajo estable. Sin embargo, según Eurostat, España sigue encabezando las listas del desempleo: un 10,9% de paro total, el peor dato de toda la UE, 26% entre los jóvenes y un 3,8% de paro de larga duración, el doble que la media europea. Aunque ha aumentado el número de contratos indefinidos, muchos esconden temporalidad encubierta y rotación constante. Los datos son claros, la situación laboral de España es la más misérrima de todos nuestros vecinos pese al maquillaje del Gobierno, que pretende enmascarar la temporalidad y inestabilidad del empleo modificando los términos.
En cuanto a los precios, el Ejecutivo presume de contener la inflación, pero el coste de la vida ha subido más de un 25% en la última década. Los salarios, por supuesto, no han acompañado esa subida. El 67% de los trabajadores gana menos de 23.000 euros netos al año, y uno de cada cinco no alcanza los 15.000. España es, según Eurostat, el segundo país de la UE con mayor pérdida de poder adquisitivo salarial, con una caída real superior al 4%.
El mercado de la vivienda ofrece otro ejemplo del fracaso del relato oficial. Tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que pretendía contener los precios del alquiler, la oferta ha caído un 17% y los precios han subido un 24% en solo dos años. La regulación ha tenido un efecto contrario al esperado –lo cual, por cierto, se advirtió elocuentemente; solo hacía falta mirar que había pasado ante experimentos similares en el resto de Occidente-, reduciendo la disponibilidad y encareciendo el acceso a la vivienda.
El sistema de pensiones también muestra signos de agotamiento. La deuda del sistema ha pasado de 17.000 millones en 2016 a más de 126.000 millones en 2024, mientras el gasto mensual en pensiones se ha duplicado en 15 años. Sin una reforma profunda, su sostenibilidad es imposible. El Gobierno no lo admitirá jamás por qué las consecuencias que se deriban son inmensamente impopulares, pero los números hablan por sí solos; si eres joven, NO tendrás pensión.
Por último, más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social siendo España el tercer país de Europa con más jóvenes en esta situación, solo por detrás de Bulgaria y Turquía -buques insígnia de la UE por su bonanza económica y bienestar social-. En conjunto, estos datos desmontan el relato de una economía saneada y en crecimiento. Pese a los mensajes optimistas del Gobierno, la realidad muestra un país atrapado en el paro estructural, los bajos salarios, la deuda creciente y la desigualdad social.
