Déjà vu en los juzgados. Santos Cerdán -mano derecha de Sánchez hasta hace escasas semanas-, ha declarado hoy ante el Tribunal Supremo como investigado por -presunta- corrupción en el marco del caso Koldo, la trama de adjudicaciones públicas amañadas a cambio de comisiones ilegales. Repito, presuntamente.
Cerdán ha llegado al tribunal a las 9:50, en medio de una notable expectación mediática y bajo una fuerte presión pública; bajo gritos e insultos, vamos. A las puertas del edificio judicial, un grupo de ciudadanos lo ha recibido entre proclamas de “¡corrupto!” y “¡sinvergüenza!”. El coste político de la causa merma día tras día las perspectivas electorales socialistas. La comparecencia se ha desarrollado a puerta cerrada, después de que el juez Leopoldo Puente rechazara la petición de retransmitirla en directo.
La UCO lo señala como intermediario en una red de cobro de comisiones por valor de, al menos, 620.000 euros, relacionadas con contratos adjudicados durante la etapa de Ábalos -titán socialista- en el Ministerio de Transportes. Entre las pruebas destacadas figuran grabaciones realizadas por Koldo, exasesor de Ábalos y portero del Imperio, y un contrato privado que otorga a Cerdán el 45 % de la empresa Servinabar 2000, presunta beneficiaria de adjudicaciones irregulares.
Cerdán ha cuestionado la autenticidad de los audios aportados por la Guardia Civil –probados ya como auténticos mediante informática forense, por cierto– y ha deslegitimado el contrato de Servinabar, alegando que «nunca fue elevado a escritura pública«. Ganar tiempo, dicen la acusación.
Finalizada la declaración, el juez decidirá si impone medidas cautelares. Entre las opciones barajadas están la retirada de pasaporte, comparecencias periódicas o incluso prisión provisional si así lo solicita la Fiscalía o alguna acusación popular.
Mientras tanto, Sánchez intenta contener los daños. Aunque fuentes oficiales insisten en la «tranquilidad» con que se afronta el proceso, internamente se multiplican las tensiones. Las autonómicas de Andalucía y Castilla y León prometen.
