El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha requerido a la Generalitat la remisión urgente de la información que solicitó el pasado mes de junio al Departamento de Educación. La institución quiere conocer «las orientaciones que haya podido facilitar» el Govern «a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico y se garantice el aprendizaje en castellano». Esta petición tiene su origen en la queja presentada por Societat Civil Catalana (SCC) ante la Oficina del Defensor del Pueblo.
Según ha notificado Gabilondo a SCC, «ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, se le comunica que se ha requerido la remisión urgente de la misma».
Herramienta de exclusión
Según ha informado SCC, el Defensor del Pueblo atendió la queja de la entidad constitucionalista «contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, ante el riesgo de que, pese a la suspensión cautelar del decreto decretada por el TSJC al admitir a trámite el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la Generalitat esté aplicando de facto criterios de discriminación del castellano».
«En consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada», respondió el Defensor del Pueblo, «ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña».
SCC ya actuó en septiembre de 2023 por la vía administrativa «para evitar la aprobación del decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario». Sus alegaciones no fueron atendidas por la Generalitat a pesar de que alertaban sobre los «efectos perniciosos» de estas medidas.
«Con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social«, ha recordado SCC, «la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas -como la enseñanza de lengua y literatura castellana- y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo». Y ha añadido: «El plan lingüístico aprobado por la Generalitat no limita su acción a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo».
Vulneración de derechos fundamentales
Desde SCC se considera que las medidas del Govern son «una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española«. En concreto, en lo relativo al «derecho a no ser discriminado por razón de lengua». En este sentido, SCC ha recordado que «el artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». «Un derecho y un deber fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia», ha subrayado.
SCC ha concluido señalando que «el decreto contraviene numerosas resoluciones judiciales que aseguran una educación bilingüe y equilibrada e ignora que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce los dos idiomas como lenguas cooficiales».
