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Polémica máxima en redes por el caso Villamanín. ¿Se dibuja un acuerdo?

Villamanín, con apenas un millar de habitantes censados y alrededor de un centenar en invierno, vivió el 22 de diciembre de 2025 una euforia colectiva cuando el 79432 resultó agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad. La Comisión de Fiestas, formada por unos 15 jóvenes voluntarios de entre 18 y 25 años, había vendido participaciones de 5 euros (4 euros jugados y 1 de donativo para las fiestas patronales) del número elegido al azar. Se repartieron millones: cada participación premiada equivalía a unos 80.000 euros netos, y el pueblo celebró con champán y cotillones bajo la nieve.

Sin embargo, la alegría duró poco. Días después se descubrió un error, declarado «involuntario»: debido al extravío de un talonario o un despiste en la consignación, se vendieron 50 participaciones más de las respaldadas por décimos reales en la administración de La Pola de Gordón. Esto generó un agujero de 4 millones de euros, poniendo en riesgo el cobro íntegro y sembrando desconfianza. Algunos vecinos acusaron a la comisión de falta de transparencia, reviviendo rencillas familiares y dividiendo el pueblo entre quienes veían un simple despiste y quienes sospechaban intencionalidad.

El 26 de diciembre, en una tensa reunión maratoniana de más de cuatro horas en el Hogar del Pensionista, con cientos de agraciados y custodiada por la Guardia Civil, se alcanzó un principio de acuerdo verbal, aprobado por amplia mayoría. Los jóvenes de la comisión renuncian a sus premios personales y al décimo colectivo, aportando unos 2 millones de euros. El resto se cubre con una quita proporcional a todos los premiados, estimada entre el 5% y el 10% (unos 4.000-8.000 euros menos por participación), para que todos cobren pronto.

A fecha de hoy, el pacto es frágil: no está firmado ni tiene plena validez jurídica, y se trabaja en formalizarlo con garantías legales y posible supervisión judicial. Depende de que nadie denuncie antes del plazo de cobro (22 de marzo de 2026); de lo contrario, podría anularse y derivar en tribunales, donde la comisión respondería con su patrimonio. El pueblo permanece dividido: hay apoyo a los jóvenes por su voluntariado, pero también reproches y pérdida de amistades.

En redes, el debate es extremo; refleja una profunda dividión de opiniones y amplia la disputa a todo el territorio nacional.

María Riera
María Riera
Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM.

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