A pesar de los planes de fiscalización anunciados, la Generalitat estaría efectuando pagos presuntamente indebidos a jóvenes que formaron parte del sistema de tutela pero que, a día de hoy, ya no tendrían derecho a percibir estas prestaciones económicas.
Este escenario pone en duda la eficacia de los filtros internos del Departamento, que parece incapaz de detener el flujo de dinero público hacia beneficiarios que se encuentran, presuntamente, fuera de los márgenes legales.
Caos a la nova DGAIA: la Generalitat continua pagant ajudes indegudes a joves extutelats
— @𝓡𝓸𝓼𝓪𝓶𝓪𝓻𝔂_𝓓𝓤𝓘2⃣0⃣??🇮🇱 🇨🇭 🇫🇮 🇩🇪 (@_Rosamary_) February 2, 2026
El canvi de gestió hauria provocat un embús dels expedients antics i dels nous #DGAIA https://t.co/970tnsIonj pic.twitter.com/oEVXxHtYWN
El núcleo del problema reside, presuntamente, en un mecanismo de pago automático que no se actualiza con la agilidad necesaria. Esto permite que la ayuda se siga ingresando de forma sistemática a jóvenes que han superado el límite de edad, que han abandonado el país o que han encontrado una vía de ingresos laborales que debería invalidar el subsidio.
Estos presuntos errores se estarían produciendo de manera simultánea a los intentos del Govern por revisar expedientes antiguos. Es decir, mientras se intenta «limpiar» la gestión pasada, el sistema continuaría generando nuevas irregularidades en el presente, alimentando un agujero presupuestario de difícil solución.
8 minuts més tard del previst, comença la comissió d'investigació de la DGAIA.
— Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) February 2, 2026
Les compareixents comencem davant una sala semi- buida.
On són els senyors diputats? pic.twitter.com/ncwoThhXIs
Fuentes conocedoras del sistema apuntan a una alarmante falta de coordinación entre las bases de datos. El hecho de que la administración no detecte de forma inmediata cuando un beneficiario deja de cumplir los requisitos sugiere una presunta negligencia en la custodia de los fondos públicos.
Además, la recuperación de estas cantidades una vez abonadas se antoja prácticamente imposible en la mayoría de los casos. La vulnerabilidad de los receptores o su desaparición del radar administrativo convierten estos abonos erróneos en pérdidas definitivas para las arcas públicas.
