Lo contrario del orden es el caos, y en Barcelona cada vez tiene más protagonismo lo segundo. De entrada, la Ciudad Condal es hoy una ciudad en permanente construcción. Son muchas las obras en activo que están causando importantes pérdidas económicas a los comerciantes de las zonas afectadas, sin que reciban ningún tipo de compensación. Son obras de las que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Mientras tanto, los comerciantes que las padecen siguen pagando sus impuestos, aunque su facturación disminuya como consecuencia directa de esas actuaciones.
Recientemente se ha aprobado la renovación de la ordenanza de civismo en el Ayuntamiento de Barcelona. Me considero una persona poco desconfiada, pero no creo en el cumplimiento efectivo de esta norma, ya que durante 20 años no ha sido efectiva. La experiencia nos demuestra que solo se cobraron el 16% de las multas impuestas por incivismo de media, como hemos visto en el período 2023 y 2024.
Resulta incomprensible, por ejemplo, que cuando aparecen pintadas en la fachada de una finca privada, la que da a la calle, sea la comunidad de propietarios quien deba asumir el coste de limpiarla y pintarla. Quien debe vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas es la administración, no castigar con más gastos a los vecinos que no son responsables de esas pintadas.
La ordenanza de civismo impulsada por el PSC y apoyada por los independentistas de Junts, que a veces parecen socios y otras aparentan enfrentarse de cara a su electorado, tampoco se cumple. Basta observar el aumento de tiendas de campaña y asentamientos descontrolados en los parques y solares de la ciudad y la permisividad de un gobierno que no es capaz de ofrecer soluciones ni de escuchar a la oposición.
Hace meses que el Partido Popular y su líder, Daniel Sirera, pedían el desmantelamiento del asentamiento en la Zona Franca ante la falta de seguridad, de limpieza y de soluciones sociales. La respuesta del gobierno de Collboni ha sido permitir que estas personas duerman allí por la noche. Resulta lamentable que una administración se convierta en cómplice de que haya personas durmiendo en la calle. Un gobierno que presume de progresista debería ser capaz de ofrecer respuestas sociales y de seguridad, algo que en este caso brilla por su ausencia.
Quien debe gestionar el orden y la seguridad de la Ciudad Condal es el gobierno municipal, algo que hoy no está ocurriendo. Uno de los últimos despropósitos ha sido plantear mantener la iluminación de Navidad en algunas zonas de Ciutat Vella para mejorar la seguridad. ¿De verdad uno de los ayuntamientos con mayor presupuesto de España, más de 4.000 millones, no puede garantizar una iluminación adecuada en Ciutat Vella sin recurrir a la ocurrencia de dejar las luces navideñas? Más aún cuando los vecinos llevan años reclamando un refuerzo de las medidas de seguridad.
Si hablamos de seguridad, los datos son gravemente preocupantes. Según la Junta Local de Seguridad de Barcelona, en 2025 se produjeron 87.321 hurtos y se registraron 1.179 delitos de agresión sexual. Recientemente, además, hemos tenido que lamentar la violación sufrida por una vecina en uno de los parques de Montjuïc, cuando los vecinos llevaban tiempo reclamando más seguridad en la zona.
A estos datos hay que añadir que en 2025 se detectaron 470 delincuentes multirreincidentes que fueron detenidos 4.001 veces por un total de 9.276 hechos penales. Con estas cifras, el gobierno municipal debería reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad. Resulta casi irónico que los agentes de la Guardia Urbana dispongan de datáfonos para cobrar multas de la ordenanza de civismo, pero no cuenten con pistolas taser, que han solicitado en numerosas ocasiones para hacer frente al crecimiento de armas blancas en las calles.
Barcelona no puede seguir sumando puntos en el marcador del caos. Necesita medidas urgentes de orden y seguridad que permitan a los ciudadanos transitar por sus calles sin miedo. El gobierno municipal no debería olvidar una verdad fundamental: sin seguridad no hay libertad.
