Barcelona intensifica la presión sobre una de las redes de alojamiento turístico irregular más persistentes de la última década. Según publica La Vanguardia, la Fiscalía ha denunciado recientemente a cinco personas por presuntamente integrar una organización criminal dedicada a alquilar viviendas para subarrendar sus habitaciones por días a turistas, una práctica ilegal que ha proliferado en distintos puntos de la ciudad.
Según la acusación, los implicados conocidos por hacerse pasar por “expats” con altos ingresos, engañaban a propietarios para firmar contratos de alquiler de larga duración. Una vez dentro, transformaban los pisos, especialmente en el Eixample, en pequeñas pensiones clandestinas mediante divisiones con pladur, maximizando así la rentabilidad del espacio.
Denuncia de la Fiscalía
La Fiscalía les imputa delitos de estafa continuada agravada y pertenencia a organización criminal. El caso es el resultado de más de una década de investigaciones impulsadas por los servicios de inspección del Ayuntamiento de Barcelona, que habían detectado la actividad recurrente de esta red en distintos puntos de la ciudad.
Las pesquisas apuntan a que la trama tuvo en el pasado vínculos con actividades relacionadas con la prostitución. Uno de los principales nombres investigados sería una mujer previamente procesada por delitos como trata de seres humanos, falsificación documental y favorecimiento de la prostitución. En etapas anteriores, incluso se llegó a embargar un inmueble a su nombre en Cambrils por su relación con un prostíbulo. Con el tiempo, la red habría reorientado su actividad hacia el alquiler turístico ilegal.
Expansión del negocio
Entre 2015 y 2020, la organización se hizo con al menos 20 pisos en Barcelona y posteriormente amplió su control a otros 26 mediante posibles testaferros, muchos de los cuales siguen operando de forma intermitente como alojamientos turísticos para evitar sospechas. Pese a las sanciones administrativas del Ayuntamiento, que superan en algunos casos los 1,3 millones de euros, y al precinto de viviendas, los implicados han logrado eludir las medidas al no pagar las multas, retirar los precintos y reactivar rápidamente los pisos.
Salto a la vía penal
Fuentes municipales describen la situación como “un juego constante del gato y el ratón”, lo que llevó a trasladar el caso a la vía penal ante la ineficacia de las sanciones administrativas. La causa judicial se inició a finales de 2024 con la participación de los Mossos d’Esquadra y el apoyo del Ayuntamiento, personado como acusación particular, con el objetivo de demostrar que estas prácticas no solo incumplen contratos privados, sino que constituyen delitos que afectan al conjunto de la ciudad.
Impacto vecinal
El impacto va más allá del fraude a propietarios. Vecinos de fincas afectadas denuncian una rotación constante de turistas, problemas de convivencia y deterioro de la vida comunitaria. “Se instalaron a principios de 2024 y no hemos tenido tranquilidad desde entonces”, explica un residente de una finca entre Roger de Llúria y la Diagonal, donde está previsto un juicio en los próximos meses.
Anuncios y plataformas
El Ayuntamiento ha intensificado la presión sobre plataformas digitales logrando retirar 373 anuncios de esta red en sitios como Airbnb y Booking, aunque los responsables vuelven a aparecer rápidamente en otras webs o redes sociales, manteniendo aún unos 50 anuncios activos. Por ello, los inspectores exigen mayor implicación de estas plataformas para frenar a los reincidentes, mientras que la vía penal se perfila como la principal herramienta para desmantelar una trama que ha sabido adaptarse durante años a los vacíos legales y administrativos.
