El TS ha vuelto a limitar la actividad arbitraria de la Administración , en este caso la laboral. En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2026 (STS 3ª, ponente Luis María Díez-Picazo). Es muy reciente (se conoció hace pocos días) y ha generado bastante polémica.
¿Qué dice exactamente? Hasta ahora, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) podía entrar libremente en cualquier “centro de trabajo” (artículo 13.1 de la Ley 23/2015) sin necesidad de consentimiento ni orden judicial, salvo cuando el centro coincidía con el domicilio particular de una persona física (autónomo que vive y trabaja en casa).El Supremo cambia esto y establece una doctrina nueva:
- Cuando el centro de trabajo coincide con el domicilio social de la empresa (persona jurídica: SL, SA, etc.), la Inspección NO puede entrar sin autorización judicial previa o sin el consentimiento expreso del titular.
- Esto vale aunque no vayan a registrar ni a llevarse nada. La simple entrada y permanencia ya está protegida por el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 de la Constitución).
- Solo hay excepción si existe una separación física clara entre la zona de domicilio social/oficinas y la zona puramente productiva (por ejemplo, una nave industrial grande con oficinas separadas), y los inspectores se limitan a la parte no protegida.
En la práctica, esto afecta especialmente a pymes, micropymes y autónomos, que son la gran mayoría de empresas en España y donde habitualmente el domicilio social y el lugar donde se trabaja son el mismo local o nave.
¿Qué pasó en el caso concreto?
En octubre de 2024, inspectores de Trabajo (acompañados de Policía Nacional) entraron sin orden judicial ni consentimiento en una empresa de comercio al por mayor en Foios (Valencia). La nave era a la vez centro de trabajo y domicilio social de la sociedad. La empresa denunció la vulneración de su domicilio y ganó en el Supremo. El TS anuló la actuación inspectora y declaró que se había vulnerado el artículo 18.2 CE.
¿Por qué lo dice el Supremo? La Ley 23/2015 permite la entrada libre en centros de trabajo, pero guarda silencio sobre el domicilio social de las empresas (solo menciona expresamente a las personas físicas). El Tribunal considera que ese silencio es un vacío legal que debe rellenarse con la Constitución: el domicilio de las personas jurídicas también está protegido cuando no hay separación clara con el centro de trabajo.
¿Qué consecuencias tiene?
- Las inspecciones “sorpresa” se complican mucho en miles de empresas pequeñas.
- La Inspección tendrá que pedir autorización judicial antes de entrar (lo que puede retrasar o avisar indirectamente a la empresa).
- Si no lo hace y entra sin consentimiento ni orden, la actuación puede declararse nula.
Reacciones
- Sindicatos de inspectores (SITSS y UPIT) y centrales sindicales (CCOO, UGT) la critican duramente: dicen que el Supremo se extralimita, que dificulta su trabajo y que favorece a las empresas. eldiario.es
- Empresarios y abogados laboralistas la celebran porque refuerza la protección del domicilio empresarial.
En resumen: a partir de ahora, si tu empresa tiene el domicilio social en el mismo sitio donde se trabaja (sin separación clara), la Inspección de Trabajo ya no puede entrar por las buenas. Necesita tu permiso o una orden de un juez.
