El pasado 24 de abril el Tribunal de Distrito de La Haya (Holanda) decretó el embargo ejecutivo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, tras una demanda judicial de la compañía japonesa Eurus Energy (Eurus).
Eurus es una filial de Toyota que invirtió en España en la creación de parques fotovoltaicos, confiando en el precio prometido por kWh producido. Ese precio se redujo drásticamente poco después y el negocio entró en pérdidas.
La compañía demandó al Estado español ante el CIADI. El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) es un organismo internacional dependiente del Banco Mundial que suele ser designado como árbitro de común acuerdo entre el Estado y los inversores extranjeros. Eurus reclamó una indemnización de 106 millones de euros en base al principio de confianza legítima. El CIADI dictó un laudo dando la razón a Eurus y condenando al Estado español a pagar. El Estado no pagó nada alegando que dicho pago incumple el derecho de la UE. Entonces, la demandante instó la ejecución de ese laudo ante el Tribunal de La Haya y ese Tribunal ha dictado el embargo ejecutivo de la sede del Cervantes en Utrecht.
Dicha sede es un edificio noble sito en la calle Domplein, 3, en el centro histórico de Utrecht, valorado en unos 10 millones de euros. Todo apunta a que pronto será sacado a pública subasta.
Dicen que, como dicho edificio no es una embajada ni un consulado, sino un centro cultural, no disfruta de inmunidad soberana y es perfectamente embargable.
Sobre el Estado español pesan hoy 28 laudos arbitrales por el mismo motivo, lo que suma 2.300 millones de euros. Esto ocurre en EEUU, UK, Australia y Bélgica. Leemos que en Londres está embargada la sede del Cervantes y una agencia de la Generalitat de Cataluña.
Hay que decir que el total de lo reclamado por los inversores al Estado español por este motivo ascendía a 10.600 millones de euros. El 80% de las reclamaciones han sido desestimadas por el CIADI por entender que el recorte de precios no tuvo un impacto sustancial en las expectativas financieras de la inversión.
POR QUÉ NOS PASA ESTO
En 2007 (cuando todo el monte era orégano) el gobierno de Zapatero aprobó el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, fomentando exponencialmente que cualquiera invirtiese en parques de energía fotovoltaica pues se prometía que toda la energía producida se podría vender a las distribuidoras eléctricas a un precio muy favorable (de media 0,46€ por kWh durante 25 años). Eso permitía obtener una rentabilidad superior al 7% anual.
Muchos inversores, españoles y extranjeros, acudieron raudos a la llamada gubernamental. Los bancos empezaron a prestar a porrillo, los chinos vendieron placas solares a lo bestia y España se llenó de huertos solares. Fue un boom. Al terminar 2008 teníamos 2.700 MW de potencia fotovoltaica instalada (casi 3 reactores nucleares). Se cuenta que algún hortelano solar aumentaba la energía producida con generadores de gasolina. A 0,46€ todo kilowatio era rentable. Así, se podía generar electricidad incluso de noche.
Hay que decir que las distribuidoras eléctricas compraban al hortelano solar pagándole 0,46€ por kWh pero facturaban al consumidor a una media de 0,12€ por kWh. ¿Cómo era eso posible? Muy sencillo: la diferencia (0,34€) se activaba como una cuenta a cobrar con cargo a futuras subidas de la tarifa de la luz. Así se fue generando un déficit tarifario fotovoltaico que constituía una buena parte del déficit tarifario total (que era de 38.000 millones de euros a finales de 2014).
Pronto se vió que esa política de precios era un disparate y hubo que dar marcha atrás. El Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre, redujo el precio a una media de 0,33€ por kWh. Aunque a un ritmo menor, el déficit tarifario seguía engordando. En 2010 hubo más recortes. En enero de 2012 el Gobierno de Rajoy redujo los precios vigentes en un 40% y se puso fin a la generación de déficit tarifario. A fecha de hoy el saldo es de sólo 3.500 millones. Los consumidores han ido pagándolo todo en el recibo de la luz de estos años.
A raíz de los recortes de los precios iniciales muchos proyectos fotovoltaicos entraron en pérdidas. Así, bastantes inversores extranjeros vieron frustradas sus expectativas iniciales (generadas por el Estado) y, como podía acogerse a la cláusula de arbitraje del CIADI, empezaron a demandar. A los inversores españoles no les quedó más remedio que aguantarse.
COMENTARIOS FINALES
El propio Miguel Sebastián, asesor aúlico de Zapatero en estas cosas confesó en 2015: “se nos fue la olla con las renovables”. En efecto:
1.El pago de sobreprecios a los hortelanos solares generó un déficit tarifario de miles de millones que han tenido que ser pagados por los consumidores en la factura de la luz de estos últimos años. Es una triste gracia de esta esperpéntica transición verde. Así se gobierna en este país.
2.A raíz del sobreprecio muchos hortelanos solares se forraron. Pero bastantes de los que entraron más tarde sufrieron fuertes pérdidas.
3.Estas pérdidas han motivado las demandas de inversores extranjeros ante el CIADI y la condena del Estado español en varios casos significativos. El embargo de propiedades del Estado en el extranjero es la guinda del descrédito internacional.
4.Que tenga cuidado Pedro Sánchez con sus vuelos en el Falcon, no sea que nos lo embarguen. Mejor volar en Iberia.
