Los Estados miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para permitir que el futuro programa de acción exterior del bloque, denominado “Europa Global”, pueda destinar financiación a centros de retorno de migrantes situados en países terceros. La decisión se ha adoptado en el contexto de una reunión del Consejo de la Unión Europea y forma parte de la posición común de los gobiernos europeos, que deberá ahora ser negociada con el Parlamento Europeo.
“Soluciones innovadoras”
El acuerdo introduce el concepto de “soluciones innovadoras” dentro del programa “Europa Global”, una expresión utilizada en el ámbito comunitario que podría englobar medidas como la creación de centros de retorno o gestión de migrantes en países fuera de la Unión Europea. Estas acciones se enmarcan en el objetivo de promover retornos, readmisiones y reintegraciones considerados seguros, dignos y eficaces, además de contribuir a la prevención de la migración irregular, siempre respetando el derecho de la UE y el derecho internacional.
No obstante, la formulación del texto genera incertidumbre jurídica, ya que la referencia a estos centros aparece solo en la parte expositiva y no en el articulado. Esta falta de concreción deja su posible aplicación abierta a interpretación y pendiente de lo que se acuerde en la negociación final entre las instituciones europeas.
Un presupuesto aún sin cerrar
El programa “Europa Global” se enmarca en la política exterior y de cooperación de la Unión Europea y contempla un borrador presupuestario de unos 182.500 millones de euros para un periodo de siete años. No obstante, la cifra final deberá ser acordada en las próximas negociaciones entre los Estados miembros y las instituciones europeas.
Divisiones entre los Estados miembros
El acuerdo no ha contado con el apoyo unánime de los Estados miembros. España se ha abstenido y ha mostrado su rechazo a la inclusión del concepto de “soluciones innovadoras”, al considerar que los centros de retorno no deberían financiarse con fondos europeos y al criticar la ambigüedad jurídica del término.
También Portugal ha expresado reservas sobre la formulación, mientras que Francia ha señalado que el texto podría dar la impresión de avalar este tipo de centros, aunque sin una aplicación operativa clara o directa en la práctica.
Contexto político
El acuerdo se enmarca en un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias en Europa, influido por la evolución de la opinión pública y el avance de formaciones de extrema derecha en distintos Estados miembros.
El texto todavía debe ser negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo antes de su aprobación definitiva. El nuevo programa está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2028, una vez completado el proceso legislativo.
