Lo ocurrido en Ceuta no fue una crisis migratoria más. Fue una entrada masiva, organizada para desbordar la frontera sur de España y, por tanto, de Europa. Decenas de miles de personas cruzaron en pocas horas mientras el Estado volvía a llegar tarde. Después de lo sucedido en 2021, ya no sirve hablar de sorpresa. Cinco años después, se ha repetido el desastre y a una escala mucho mayor.
En mayo de 2021, más de 10.000 personas entraron irregularmente en Ceuta en apenas dos días. Marruecos abrió la mano como represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario. Aquello dejó una enseñanza muy clara: Rabat estaba dispuesto a utilizar la inmigración para presionar al Gobierno español. Lo vimos todos. También debió verlo el Gobierno.
Sin embargo, en julio de 2026 la frontera volvió a convertirse en un coladero. Unas 72.000 personas lograron entrar en Ceuta y las fuerzas de seguridad españolas tuvieron que afrontar una situación imposible. La Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, los servicios sanitarios y las instituciones ceutíes respondieron como pudieron. Ellos estuvieron a la altura. Quien no estuvo a la altura fue el Gobierno que debía haber evitado que se llegara hasta allí.
Conviene hablar claro. Cuando decenas de miles de personas cruzan al mismo tiempo una frontera, cuando las fuerzas de seguridad del país vecino permiten el paso y algunos de sus agentes incluso guían los movimientos, no estamos ante un fenómeno espontáneo. Estamos ante una invasión instrumentalizada. Las personas fueron utilizadas como arma de presión para poner a prueba a España y provocar el colapso de Ceuta.
Entrada ilegal masiva
Que nadie manipule estas palabras. Denunciar una entrada ilegal masiva no significa atacar a quienes buscan una vida mejor. Muchos fueron empujados por la desesperación, engañados por rumores o utilizados sin escrúpulos. La responsabilidad principal corresponde a quienes organizaron o permitieron la operación y a quienes tenían la obligación de proteger nuestra frontera y no supieron hacerlo.
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras señala que el movimiento no fue accidental. Habla de permisividad de las autoridades marroquíes, de gendarmes que guiaron los cruces por el agua y de un proceso diseñado para eliminar la capacidad de respuesta española. Pese a ello, Pedro Sánchez insiste en que no existen pruebas suficientes para responsabilizar a Marruecos.
Entiendo que un presidente debe medir sus palabras. Marruecos es un vecino necesario y mantener una relación estable interesa a los dos países. Pero una cosa es actuar con prudencia y otra muy distinta negar lo que indican los propios informes policiales. La diplomacia no puede consistir en mirar hacia otro lado cada vez que Rabat decide tensar la cuerda.
En medio de este desastre, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha dado una lección de serenidad y responsabilidad. Mientras otros buscaban excusas o rédito político, él puso por delante la seguridad de los ceutíes, la atención humanitaria y la convivencia. Habló con firmeza, pero sin incendiar la calle. Reclamó ayuda al Gobierno y a la Unión Europea sin convertir el miedo de sus ciudadanos en un espectáculo.
Una Ceuta unida
Vivas demostró lo que debe ser un buen político cuando llega una crisis de verdad: cabeza fría, sentido institucional y cercanía con la gente. No negó la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero tampoco cayó en la provocación. En unas horas en las que Ceuta podía haber perdido el control, su actitud ayudó a mantener unida la ciudad. España debería reconocerlo.
España necesita cooperar con Marruecos, pero Marruecos también necesita a España y a la Unión Europea. Cooperar no significa obedecer. Una relación entre vecinos debe basarse en el respeto y el cumplimiento de los acuerdos. Cuando uno de los dos utiliza la inmigración para conseguir ventajas políticas, económicas o territoriales, esa relación deja de ser equilibrada.
El Gobierno presenta como un éxito haber devuelto a Marruecos a la gran mayoría de quienes entraron. Reconozco el enorme trabajo realizado para recuperar el control, pero apagar el incendio no borra la falta de prevención. El deber del Gobierno era impedir que la frontera quedara abierta durante horas y que una ciudad española de poco más de 80.000 habitantes recibiera de golpe una avalancha de semejantes dimensiones.
Por eso necesitamos respuestas. ¿Qué medidas se adoptaron después de 2021? ¿Dónde estaban los sistemas de alerta? ¿Por qué no existía un dispositivo preparado para reaccionar de inmediato? ¿Cómo pudo el Consejo de Seguridad Nacional tardar semanas en reunirse? Y, sobre todo, ¿quién asumirá la responsabilidad política por una gestión que ha dejado al descubierto la debilidad del Estado?
Son España
Ceuta y Melilla no son moneda de cambio ni territorios secundarios. Son España y forman parte de la frontera exterior de la Unión Europea. Defenderlas no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Tampoco es una postura contra la inmigración. Es una obligación elemental de cualquier Gobierno que se tome en serio la soberanía nacional.
Europa también debe reaccionar. No puede exigir a España que controle la frontera sur y después tratar cada crisis de Ceuta como un problema lejano. Si la frontera es europea, la respuesta también debe serlo. Hace falta más vigilancia, más medios, acuerdos de retorno eficaces y una posición común frente a los países que utilizan los movimientos migratorios como instrumento de presión.
España necesita una inmigración legal, ordenada y vinculada a nuestra capacidad real de acogida e integración. Quien venga a trabajar, respetar nuestras leyes y construir un futuro debe encontrar vías legales. Quien entre ilegalmente y no tenga derecho a permanecer debe ser devuelto. Y quien reincida, delinca o rechace nuestras normas de convivencia no puede esperar impunidad.
Esto es compatible con la humanidad. Lo verdaderamente inhumano es permitir que miles de personas sean utilizadas, que arriesguen la vida en el mar y que después queden abandonadas en las calles de Ceuta. También es injusto exigir a los ceutíes que soporten solos las consecuencias de decisiones tomadas a cientos de kilómetros.
En 2021 recibimos una advertencia. En 2026 hemos comprobado que el Gobierno no aprendió nada. Una frontera que solo permanece cerrada cuando Marruecos quiere no es una frontera segura. Es una frontera en manos de Marruecos.
España no puede continuar confiando su seguridad a la buena voluntad de quien ya ha demostrado que está dispuesto a utilizarla contra nosotros. El Gobierno ha fracasado en la prevención, en la gestión y en la defensa política de Ceuta. Negarlo no arreglará el problema. Solo garantizará que vuelva a repetirse.
