Josep Borrell ha formulado una pregunta tan sencilla como incómoda: «¿Por qué va a tener derecho a voto quien no ha pisado nunca España?». No lo ha dicho un dirigente del Partido Popular. Tampoco Santiago Abascal ni ningún portavoz de la denominada ultraderecha. Lo ha dicho Josep Borrell, histórico dirigente socialista, exministro y antiguo alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
Y tiene razón.
La llamada “ley de nietos”, incluida en la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha permitido solicitar la nacionalidad española a millones de descendientes de españoles que abandonaron nuestro país. Muchos de ellos mantienen una vinculación emocional y familiar sincera con España. Nadie debería menospreciar esa realidad ni negar el sufrimiento de quienes tuvieron que marcharse.
Pero reconocer una nacionalidad por razones históricas no debería comportar automáticamente el derecho a decidir el Gobierno de un país en el que nunca se ha vivido.
Una cosa es reparar una injusticia y otra muy distinta alterar, por la puerta de atrás, el cuerpo electoral español.
Borrell ha tenido la valentía de señalar la diferencia fundamental: nacionalidad y derecho de voto no tienen por qué ir necesariamente juntos. Quien nunca ha residido en España, no conoce directamente nuestra realidad cotidiana, no paga aquí sus impuestos y no sufrirá las consecuencias de las decisiones políticas que adoptemos, ¿debe decidir quién gobierna España?
La pregunta no es xenófoba, antidemocrática ni contraria a los descendientes de españoles. Es una pregunta de puro sentido común democrático.
En una comunidad de vecinos no vota quien vive en el edificio de enfrente, aunque su abuelo hubiera residido allí hace cincuenta años. Decide quien forma parte de esa comunidad, cumple sus obligaciones y soporta las consecuencias de las decisiones adoptadas.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a legislar a golpe de ideología, improvisación y conveniencia política. Primero concede masivamente la nacionalidad mediante una norma presentada como reparación histórica y después pretende incorporar automáticamente al censo electoral a personas que nunca han vivido en España.
La magnitud del proceso obliga, como mínimo, a actuar con prudencia. Cerca de dos millones y medio de personas solicitaron acogerse a esta ley y más de medio millón de expedientes ya han sido aprobados. No estamos hablando de una cuestión simbólica ni de unos pocos casos. Estamos ante una modificación potencialmente enorme del censo electoral.
¿Se estudió seriamente su impacto? ¿Se debatió públicamente la diferencia entre nacionalidad y derecho de sufragio? ¿Se establecieron condiciones mínimas de residencia o vinculación efectiva con España? ¿Se explicó cómo se asignarían territorialmente esos nuevos electores?
No. Como tantas veces durante el mandato de Pedro Sánchez, primero se tomó la decisión política y después aparecieron los problemas jurídicos, administrativos y democráticos.
El Tribunal Supremo ha tenido que intervenir cautelarmente porque considera que la incorporación de estos nuevos nacionalizados al censo podría afectar a la objetividad y transparencia de los procesos electorales. La resolución no es definitiva y deberá respetarse lo que finalmente decidan los tribunales. Pero el simple hecho de que el Supremo haya apreciado un riesgo suficientemente serio demuestra que no estamos ante una polémica inventada.
Estamos ante una chapuza de enormes proporciones.
El problema no consiste en saber si estas personas votarán a la izquierda o a la derecha. Convertir el debate en un cálculo partidista sería caer exactamente en el mismo error que criticamos. Una ley electoral debe estar pensada para garantizar la confianza de todos los ciudadanos, con independencia de quién pueda beneficiarse en unas elecciones concretas.
Las reglas democráticas no pueden modificarse pensando en fabricar simpatizantes, compensar una pérdida de apoyo o buscar votos fuera cuando empiezan a faltar dentro.
España puede reconocer su deuda histórica con los descendientes de quienes tuvieron que marcharse. Puede facilitarles la nacionalidad, fortalecer sus vínculos culturales y abrirles las puertas de nuestro país. Pero el derecho a decidir el futuro político de España debería exigir una relación real y presente con España.
Residencia, contribución, conocimiento de nuestra realidad y voluntad efectiva de formar parte de la comunidad nacional. No basta con encontrar un apellido español en el árbol genealógico.
Borrell ha expresado en voz alta lo que muchos españoles piensan y pocos dirigentes socialistas se atreven a decir. Su reflexión demuestra que esta cuestión no pertenece a la derecha ni a la izquierda. Pertenece al terreno del sentido común, de la seguridad jurídica y de la calidad democrática.
Reconocer la nacionalidad puede ser un acto de justicia histórica. Conceder automáticamente el voto a quien jamás ha pisado España es otra cosa muy distinta.
La democracia también consiste en proteger el valor del voto. Y eso exige leyes serias, censos transparentes y gobiernos que no confundan la memoria con la conveniencia electoral.
Nacionalidad, sí. Afecto y reconocimiento, también. Pero ingeniería electoral, no.
