El PSOE, atrapado en sus contradicciones con la vivienda: una ministra alquila una VPO y la pareja de una candidata gestiona 40 propiedades

Milagros Tolón cobra por arrendar un piso protegido en Toledo mientras la pareja de Rosario Sánchez administra una sociedad inmobiliaria en Mallorca. Dos revelaciones que ponen bajo el foco el discurso socialista contra el rentismo

Milagros Tolón y Rosario Sánchez, protagonistas de la polémica sobre el alquiler de una vivienda protegida y las propiedades inmobiliarias de la pareja de la dirigente socialista.
La ministra Milagros Tolón y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en un montaje fotográfico.

El discurso del PSOE contra la especulación inmobiliaria y los grandes propietarios se enfrenta a una nueva polémica en plena campaña electoral del 29N. Dos informaciones publicadas este lunes han puesto bajo el foco a la ministra de Educación, Milagros Tolón, y a la secretaria de Estado de Turismo y candidata socialista al Govern balear, Rosario Sánchez, por sus vínculos, directos o familiares, con el negocio del alquiler de inmuebles.

Por un lado, Artículo 14 ha revelado que Tolón obtiene ingresos por alquilar una vivienda de protección oficial en Toledo que continúa sometida al régimen de protección pública. Por otro, El Debate ha publicado que la pareja de Rosario Sánchez administra una sociedad inmobiliaria titular de al menos 40 fincas en Mallorca, pese a que la dirigente socialista ha respaldado públicamente las críticas al rentismo.

Ambas informaciones llegan mientras el PSOE sitúa el acceso a la vivienda entre sus principales prioridades políticas y defiende una mayor intervención del mercado inmobiliario.

Milagros Tolón cobra por alquilar una vivienda protegida

Según la investigación publicada por el periodista Javier Chicote en Artículo 14, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes adquirió en enero de 1998 una vivienda de protección oficial en Toledo que mantiene alquilada desde hace años.

El inmueble, de 101 metros cuadrados construidos, dispone también de garaje y trastero y conserva su calificación como vivienda protegida hasta el 27 de noviembre de 2027.

La declaración de bienes presentada por Tolón en 2023 recoge ingresos de 7.542,60 euros por el alquiler correspondientes al ejercicio 2022. En 2019 también había declarado rentas inmobiliarias, entonces por importe de 5.486,40 euros.

La controversia se centra en las condiciones legales del arrendamiento. La normativa de estas viviendas exige su utilización como residencia habitual y permanente, aunque contempla determinadas excepciones sujetas a requisitos administrativos.

De acuerdo con la información publicada, la ministra lleva más de dos décadas residiendo en otro inmueble de Toledo y mantuvo el piso protegido en alquiler cuando era alcaldesa de la ciudad, cargo por el que percibía un salario superior a los 68.000 euros anuales.

La cuestión fundamental es si obtuvo la autorización administrativa necesaria para alquilar la vivienda mientras permanecía vigente su protección oficial.

Tolón niega haber cometido ninguna irregularidad. La ministra ha asegurado que comunicó el arrendamiento a la administración competente y que actuó conforme a los informes jurídicos de los que dispone. También sostiene que nunca ha ocultado los ingresos obtenidos, que figuran en sus declaraciones fiscales y patrimoniales.

Sin embargo, según Artículo 14, la documentación facilitada hasta ahora no acredita la concesión de la autorización administrativa cuya necesidad constituye el centro de la controversia.

La pareja de Rosario Sánchez y sus 40 propiedades en Mallorca

La segunda información afecta a Rosario Sánchez Grau, secretaria de Estado de Turismo y candidata socialista a la presidencia del Govern balear en las elecciones autonómicas de 2027.

Según publica El Debate, su pareja, con quien tiene dos hijas, es administrador único de Menefta 2000 SL, una sociedad propietaria de al menos 40 fincas registrales en Andratx y Puerto de Andratx, una de las zonas inmobiliarias más exclusivas de Mallorca.

La documentación consultada por el periódico identifica entre los bienes de la sociedad viviendas, plazas de aparcamiento, trasteros, un local comercial y terrenos rústicos.

La compañía dispone de un capital social de 2,7 millones de euros y tiene entre sus actividades la compraventa, explotación, administración y arrendamiento de inmuebles.

No obstante, las 40 fincas registrales no equivalen a 40 viviendas: el inventario incluye propiedades de distinta naturaleza. Tampoco se ha acreditado que todas estén actualmente alquiladas.

La información resulta especialmente llamativa por el posicionamiento público de Rosario Sánchez sobre el mercado inmobiliario.

La dirigente socialista participó el pasado 3 de octubre en una manifestación por la vivienda en Palma y difundió imágenes de la protesta en las que aparecía una pancarta con el lema «El rentismo no es un trabajo».

La revelación sobre la actividad empresarial de su pareja introduce así una contradicción política entre el discurso que defiende la candidata y el negocio al que se dedica la sociedad administrada por su compañero.

Según El Debate, el periódico intentó recabar la versión de Rosario Sánchez, pero la secretaria de Estado declinó realizar declaraciones.

La vivienda, en el centro de la campaña electoral

Las dos revelaciones se producen en un momento especialmente delicado para el PSOE, con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina y el acceso a la vivienda convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.

Los socialistas han defendido durante los últimos años la necesidad de limitar determinadas prácticas del mercado inmobiliario, incrementar la oferta de vivienda asequible y reforzar las medidas contra la especulación.

Sin embargo, los casos de Tolón y del entorno familiar de Rosario Sánchez plantean cuestiones distintas.

En el caso de la ministra, la polémica afecta a la legalidad del alquiler de una vivienda protegida, una cuestión sobre la que la propia Tolón defiende haber cumplido los requisitos establecidos.

En el de Rosario Sánchez, la controversia es fundamentalmente política: la actividad inmobiliaria de la empresa administrada por su pareja contrasta con el discurso crítico hacia los rentistas que ha respaldado públicamente la candidata socialista.

Por ahora, la documentación publicada no demuestra que Rosario Sánchez haya cometido irregularidad alguna ni que sea propietaria de las 40 fincas de la sociedad.

Lo que sí ponen de manifiesto ambas informaciones es la creciente exposición del PSOE a las críticas sobre la coherencia entre sus propuestas en materia de vivienda y las actividades patrimoniales de algunos de sus dirigentes o de su entorno familiar.

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