Colau tiene razón frente al nacionalismo, pero se equivoca con la inmigración
La polémica sobre los barrios populares de Barcelona revela dos contradicciones: la dificultad del nacionalismo para reconocer su propia historia y la resistencia de una parte de la izquierda a admitir que no todas las inmigraciones plantean los mismos desafíos.
Ada Colau ha conseguido algo poco habitual: tener razón en una parte sustancial de sus declaraciones y equivocarse en la conclusión que pretende extraer de ellas. Sus palabras sobre los barrios populares de Barcelona, construidos en buena medida por trabajadores llegados de Andalucía y Extremadura, han provocado una reacción airada de sectores del nacionalismo catalán. Una reacción que parece desproporcionada y que probablemente tiene más que ver con las actuales tensiones políticas que con una verdadera discrepancia histórica.
Para empezar, habría que precisar qué entendemos por barrios populares. Barcelona tiene barrios obreros con siglos de historia y otros que crecieron, o prácticamente nacieron, durante la gran expansión industrial y demográfica del siglo XX. En estos últimos, la aportación de los cientos de miles de inmigrantes llegados del resto de España fue decisiva. No solo trabajaron en las fábricas y en la construcción, sino que levantaron viviendas, urbanizaron calles y participaron en las reivindicaciones vecinales que permitieron dotar de servicios a barrios inicialmente abandonados por las administraciones.
Naturalmente, también participaron trabajadores catalanes de origen. Pero pretender que Colau los ha menospreciado por destacar la contribución de la inmigración interior constituye una interpretación bastante forzada de sus palabras.
Quizás la explicación de semejante susceptibilidad deba buscarse en otro lugar. Las recientes declaraciones de Gabriel Rufián, anteponiendo el eje izquierda-derecha al eje nacional, han puesto de manifiesto una transformación política que incomoda a determinados sectores del nacionalismo tradicional. El protagonismo de dirigentes que no responden al viejo patrón de las familias de ocho apellidos catalanes cuestiona una determinada concepción de la identidad nacional.
No sería extraño que parte de la indignación contra Colau respondiera a ese mismo malestar. Aunque sería excesivo atribuir a todos sus críticos una motivación idéntica, resulta difícil no advertir la coincidencia política.
Hasta aquí, Colau merece más comprensión que censura.
El problema empieza cuando utiliza aquella inmigración como argumento para minimizar las dificultades de integración que puede plantear la inmigración actual, especialmente la procedente de sociedades con tradiciones culturales y religiosas muy diferentes.
La comparación entre los andaluces y extremeños que llegaron a Cataluña durante el franquismo y los inmigrantes procedentes del Magreb o de otros países de mayoría musulmana es históricamente endeble. No porque unos sean mejores que otros, ni porque exista una incompatibilidad étnica, sino porque las distancias culturales, religiosas e institucionales no son equivalentes.
Aquellos inmigrantes españoles compartían, con diferencias regionales evidentes, un marco jurídico, una tradición religiosa mayoritariamente católica y buena parte de los referentes culturales de la sociedad receptora. Existieron prejuicios, discriminaciones y conflictos lingüísticos, pero el proceso de integración se desarrolló sobre unas bases comunes considerablemente más amplias.
La inmigración actual es mucho más heterogénea. Y precisamente por eso resulta absurdo tratarla como una realidad uniforme. No plantea las mismas dificultades la llegada de personas procedentes de sociedades culturalmente próximas que la de quienes han crecido en entornos donde las relaciones entre religión y Estado, los derechos de las mujeres o la libertad individual se conciben de manera distinta.
Reconocer esas diferencias no significa cuestionar los derechos de nadie. Significa admitir que la integración no depende exclusivamente de encontrar trabajo y mejorar las condiciones materiales de vida. También exige aceptar unas normas de convivencia, unos valores constitucionales y la primacía de las leyes civiles sobre cualquier precepto religioso.
La 35 debería servir para reflexionar. Durante décadas, Francia ha recibido inmigración procedente del norte de África y de otros territorios. Y algunas de sus tensiones sociales más visibles no han surgido entre los recién llegados, sino entre jóvenes nacidos y educados en Francia, hijos o nietos de inmigrantes, que experimentan conflictos de pertenencia e identidad.
La paradoja merece atención. Sus padres emigraron buscando trabajo y mejores oportunidades. Algunos de sus descendientes, pese a disponer de la nacionalidad francesa, mantienen fuertes vínculos con el país de origen familiar y, en determinados casos, desarrollan identidades religiosas o comunitarias que entran en conflicto con aspectos de la cultura cívica francesa.
Una sociedad democrática debe ser capaz de integrar a personas de procedencias distintas sin renunciar a sus principios fundamentales. La igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, la libertad religiosa —incluido el derecho a abandonar una religión— y la supremacía de la legislación democrática no son particularidades culturales negociables.
España, y especialmente Cataluña por el peso de la inmigración musulmana, empiezan a enfrentarse también a estos desafíos. Todavía sería precipitado trasladar mecánicamente el diagnóstico francés, pero sería igualmente irresponsable ignorar las dificultades que pueden aparecer en determinados barrios y entre algunos sectores de las nuevas generaciones. La integración no puede medirse únicamente por el número de permisos de residencia concedidos, los empleos ocupados o los años transcurridos desde la llegada. También debe valorarse por la identificación con la sociedad de acogida, la convivencia cotidiana y la aceptación recíproca de derechos y obligaciones.
Colau tiene razón cuando recuerda que los inmigrantes españoles contribuyeron decisivamente a construir la Barcelona contemporánea. También cuando rechaza convertir a los inmigrantes, por el mero hecho de serlo, en responsables de los problemas sociales.
Pero se equivoca si pretende deducir de aquella experiencia que los actuales procesos migratorios reproducirán necesariamente el mismo itinerario de integración.
Y sus críticos nacionalistas se equivocan si, por combatir a Colau, terminan minimizando la aportación histórica de la inmigración española al desarrollo de Cataluña.
La historia no debería utilizarse ni para alimentar agravios identitarios ni para negar las dificultades del presente. Cataluña es lo que es gracias a la contribución de generaciones de personas de procedencias distintas. Reconocerlo no obliga a aceptar que cualquier proceso migratorio, con independencia de su dimensión y características, vaya a producir idénticos resultados.
La verdadera cuestión no es de dónde vienen los inmigrantes, sino qué sociedad estamos construyendo entre todos y qué condiciones hacen posible una integración efectiva. Una cuestión demasiado importante para despacharla con los tópicos del nacionalismo identitario o con el buenismo de una izquierda que, demasiadas veces, parece confundir el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes con la negación de los problemas que plantea su integración.
Avui a @elnacionalcat, article-exorcisme sobre el meu odi de classe treballadora catalana contra el discurs vomitiu de Colau i Rufián, i l’esquerreta de viatges a Nova York pagats pels papes. Com gosen donar-nos lliçons de res aquests penques? https://t.co/y8BobSi4tR
— Josep Sala i Cullell (@SalaiCullell) November 16, 2026
Colau ens vol convèncer que la cultura musulmana és queer i feminista. Només dir-li que la ciutat de Hamtramck (Michigan) amb Alcalde i Consell tot musulmà prohibeix les banderes de l’Orgull en edificis del govern. Quan tenen poder, no hi ha progressisme. https://t.co/enDhWbN15c
— Eva García (@EvaGarc14446704) November 15, 2026
Obviando que lo que dice Ada Colau no es verdad: ¿Desde cuándo el hecho de que alguien venga a trabajar constituye una justificación moral suficiente para transformar profundamente la composición demográfica de un país? ¿Por qué damos por supuesto que una sociedad debe aceptar cualquier nivel de inmigración mientras esta genere actividad económica? ¿Acaso la continuidad cultural, la cohesión social o la voluntad de sus ciudadanos carecen de valor moral? La cuestión no es únicamente qué pueden aportar quienes llegan, sino por qué los intereses económicos deberían prevalecer sobre el derecho de una sociedad a decidir su futuro.
— Calcetín Letal (@CalcetinLetal) November 13, 2026
La nació catalana és rica. Té un lerroux i una reluxa, vejam qui la diu més grossa.
— Lluís Llach (@lluis_llach) November 14, 2026


