El Govern ha impuesto a las distribuidoras 90 sanciones por valor de 7,2 millones de euros por la calidad del suministro eléctrico en el período de 2015 a 2019, según ha informado este viernes la Conselleria de Empresa y Conocimiento en un comunicado. El dato se extrae de una reunión que ha mantenido el conseller de Empresa, Ramon Tremosa, con los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Gavà, Sabadell, Terrassa, Montcada i Reixac y Rubí para abordar los problemas en la calidad del suministro eléctrico que han criticado estos municipios.
La Generalitat ha reclamado asumir competencias plenas en materia de energía para poder disponer de los instrumentos necesarios para abordar todos aquellos problemas sociales que repercuten en el suministro energético. Tremosa ha destacado que «Cataluña es el territorio que más actúa en todos aquellos aspectos relacionados con la calidad del suministro, y la que más sanciones impone».
El director general de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, Manel Torrent, ha indicado que «quizás los indicadores no son los más detallados, pero son los que establece la normativa estatal», y no les permiten ahora mismo obligar a las compañías distribuidoras a efectuar inversiones adicionales.
Problemas de ámbito social
El análisis de los diferentes indicadores apunta a la existencia de un conjunto de problemas de ámbito social que se hacen visibles a través de los problemas en el suministro eléctrico.
«La Generalitat ya está trabajando en estos problemas, y ayer mismo se celebró una reunión entre el Departamento de Interior, el Departamento de Empresa y Conocimiento y Endesa para coordinar la lucha contra los cortes de suministro eléctrico derivados del cultivo de marihuana», ha añadido el departamento. El encuentro también ha servido para pedir apoyo a los alcaldes para conseguir las competencias plenas en materia de energía para Cataluña.
A día de hoy, las competencias en materia de distribución eléctrica son compartidas y excluyen el régimen financiero, y «las sucesivas modificaciones normativas del sector eléctrico aprobadas por el Gobierno español han rebajado el peso y la capacidad de la Generalitat a la hora de influir en las mejoras a efectuar en la red de distribución», ha indicado la Generalitat.