Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a Educación a que el 25% de las clases en las aulas catalanas sea en castellano —que no se está cumpliendo—, el poder nacionalista redobla su ofensiva contra el castellano en la escuela. Por una parte, el Govern ha autorizado a que la entidad radical Plataforma per la Llengua —que aboga por el catalán como única lengua oficial— despliegue pancartas en diversos centros de Cataluña denunciando que parte de los alumnos se expresen en castellano en el patio. Por otra, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, anunció ayer su política de tolerancia cero con los profesores que impartan clases en español.
«Haremos lo que haga falta para que el catalán sea la lengua vehicular en el aula, especialmente donde no sucede», proclamó en una entrevista a Catalunya Ràdio. Y es que Cambray se mostró preocupado especialmente por los centros del «área metropolitana», donde según sus datos existe un mayor porcentaje de docentes que enseñan en castellano. Ante este hecho, prometió proteger la «escuela en catalán, que se ha demostrado que es un modelo de éxito», subrayando que «lo importante es el aprendizaje del catalán como lengua habitual del país».
«Atacan al disidente»
Las declaraciones del conseller han merecido el reproche de diversas voces constitucionalista. Ha sido el caso de la exdiputada de Ciudadanos Sonia Sierra, que aclaró que «ni la inmersión lingüística es un modelo de éxito, ni hay razones pedagógicas que la justifiquen ni Cataluña es un país». «No mienten más porque no tienen más tiempo», añadió. Mientras, el lingüista Javier Pérez López se preguntó: «¿Cómo va a obligar [Cambray] a los profesores díscolos contra el monolingüismo si las sentencias judiciales dicen que debe haber más castellano en el sistema educativo catalán?». Y remachó: «No solo no cumplen la ley, sino que atacan al disidente».
