Poco a poco, los aspectos más turbios del proceso separatista catalán de 2017 están saliendo a la luz. Si recientemente supimos que un agente ruso que estuvo en Cataluña durante el 1-O ha sido acusado de asesinato en el Reino Unido —lo que refuerza la sospecha de la implicación de los servicios secretos rusos en el procés—, ahora ha trascendido que una empresa belga supuestamente implicada en el desvío de fondos al procés está siendo investigada en su país de origen por presunto blanqueo de capitales y corrupción.
Es lo que atestigua la respuesta enviada por las autoridades de Bélgica a la jueza de Barcelona, Carmen García, que instruye una causa sobre la financiación de la trama exterior del procés. García había pedido datos sobre un presunto informe en materia de defensa encargado por la Generalitat a la sociedad SC Services en julio de 2015 y por el que pagó más de 4.000 euros. Pues bien, según la respuesta belga, la compañía no tiene trabajadores, «no ha sido objeto de un control en lo que concierne a sus obligaciones fiscales» y existen expedientes por «blanqueo y corrupción». Por su parte, el informe encargado por el Govern nunca apareció, por lo que la Justicia sospecha que pudiera tratarse de una «tapadera» para desviar dinero al procés.
La trama exterior del ‘procés’
El que se firmó con la empresa belga es uno de los 11 contratos que están siendo investigados por la jueza en relación a la «acción exterior» de la Generalitat entre 2011 y 2017. Dichos pliegues fueron adjudicado a dedo para fines que excedían las competencias del Govern y cuyo importe total se acerca al millón de euros. Entre los cargos que permanecen investigados en este causa, que se abrió el año pasado por la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, se encuentra Raül Romeva, parte de cuyos delitos han sido indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
