El asedio separatista a una familia en Canet por haber conseguido en los tribunales que su hijo reciba en la escuela un 25% de castellano está ocasionando movimientos sísmicos en el panorama político de Cataluña y el resto de España. Por una parte, ha conseguido dejar al descubierto la faz menos amable del nacionalismo, difícilmente cuestionable pese al negacionismo o equidistancia del Ejecutivo de Sánchez y Díaz. Por otra, el propio separatismo está viviendo un conflicto entre los socios del Govern que, impotentes, discuten sobre cómo afrontar una partida que —por primera vez en mucho tiempo— parecen estar perdiendo.
Y es que ayer, en una entrevista en La 2, la presidenta del Parlament, la neoconvergente Laura Borràs, no dudo en arremeter contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a raíz de la polémica de Canet. «No puede ser que digamos que no podemos hacer nada. Tenemos competencias plenas en Educación. Y no podemos descargar la responsabilidad solo en en los profesionales», señaló. Siendo así, propuso que Cambray asumiese la dirección del centro canetense para que las posibles consecuencias recaigan exclusivamente sobre él.
Aragonès pide evitar las «refriegas»
Por su lado, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, tras reprochar a Junts que su partido se encuentra «muy solo» luchando por el catalán en plataformas como Netflix, adujo que no sirven «soluciones improvisadas o mágicas» en el caso de Canet. A su parecer, la medida propuesta por Borràs supondría saltarse la autonomía de los colegios. A todo esto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, exigió que no se haga «partidismo» con el asunto del catalán en la Educación, y pidió a sus socios evitar las «refriegas» y actuar con «responsabilidad».
