Después de que la Generalitat haya aprobado un decreto en el Parlament y enviado instrucciones a los colegios para sortear la sentencia del TSJC que establece un 25% de castellano en las aulas catalanas, las reacciones entre la sociedad civil constitucionalista no han tardado en sucederse. Y todas coinciden en la misma exigencia: que el Gobierno de España deje de mirar para otro lado ante la insubordinación de sus socios en el Congreso e intervenga para garantizar el fallo del 25%. Así, la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) —responsable de la demanda ante los tribunales— ha hecho hincapié en que «la desobediencia del Govern a los tribunales es clara y expresa» y que se trata de un «conflicto institucional gravísimo». «Es imprescindible la intervención del Gobierno de España», han manifestado.
Por su parte, la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata, ha declarado a El País que «la proposición de ley pactada es confusa y por eso es mas decisiva todavía la ejecución de la sentencia». Y ha añadido: «Nosotros no cejaremos. Espero que el Gobierno se involucre en su cumplimiento».
En la misma línea se ha pronunciado Escuela de Todos, que agrupa a quince entidades en favor del bilingüismo escolar —entre ellas la mencionada AEB—. Según el colectivo, la desobediencia a la Justicia por parte del Govern es «clara, frontal y explícita», por lo que de no aplicarse el 25% a partir de mañana «se estará produciendo una quiebra del Estado de derecho que debe ser reparada de inmediato». «En este sentido, tiene una especial responsabilidad el Gobierno de España, que dispone de mecanismos para conseguir que la Generalitat ajuste su comportamiento a las exigencias constitucionales».
