El contrato a la filial de Ferrovial para hacer el seguimiento de los contactos de positivos de COVID-19 por 17,6 millones de euros «se ha hecho para no comprometer el sistema de salud en caso de una posible nueva ola de la pandemia», según ha justificado este martes la consellera de Salud, Alba Vergés.
En una entrevista en TV3, la consellera Vergés ha intentado explicar por qué el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) contrató sin concurso público a principios de mayo con Ferroser, filial de la constructora Ferrovial, que unas 200 personas hicieran el rastreo de los contactos.
La intención del departamento era, según ha dicho, «reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica«, para lo que se ha empezado a contratar a 108 profesionales sanitarios, a los que se debían sumar otras 200 personas que formarían parte de un «call center» (centro de llamadas telefónicas) proporcionado por Ferrovial.
Críticas de entidades sanitarias y colegios profesionales
Se trataba, a juicio de la consellera, de contratar a Ferrovial para no cargar más la Atención Primaria por si se producía un rebrote el próximo otoño y ante la urgencia de iniciar los trabajos de rastreo lo más pronto posible, cosa que no era posible con un proceso de contratación pública que podía alargarse meses.
La consellera ha admitido que el contrato «se puede replantear» después de recibir críticas del Colegio de Médicos de Cataluña que ha exigido a Vergés que revierta el contrato «por lógica, por coherencia y por seguridad clínica«.
Por su parte, el Fòrum Català d’Atenció Primaria, ha denunciado que, por la misma labor, Salud solo vaya a invertir 4,5 millones de euros en Atención Primaria.
La alternativa al «call center» no está clara por el momento, ya que la rescisión del contrato con Ferrovial puede comportar, con toda probabilidad, penalizaciones económicas, ha reconocido.
Compensación económica para los profesionales
La consellera ha informado de que este lunes se reunió con representantes del sector, sin precisar con quiénes, para intentar explicar la contratación.
Ha asegurado que «no me muevo por presiones políticas», a pesar de que el replanteamiento del contrato ha llegado después de que incluso su propio partido, ERC, admitiera que no les gustaba y que era necesario buscar una alternativa.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha hablado personalmente con la consellera por este tema, según ha precisado, pero sí ha preguntado por el polémico contrato a través de un mensaje.
Por otra parte, ha reiterado que el Govern compensará económicamente a los profesionales que han trabajado durante la pandemia, «para reconocer su esfuerzo», pero «hemos de encontrar recursos» y «se ha de cerrar» la partida económica.