«Amnistía y autodeterminación«. Con estas dos únicas palabras zanja ERC la posibilidad de realizar en un breve plazo de tiempo un nuevo referéndum por la independencia en su documento sobre la reconstrucción de Cataluña tras la pandemia del COVID-19. Un documento presentado este sábado bajo el nombre De la reconstrucción a la República y cuyas propuestas quieren ser «el punto de partida de un debate profundo con los diferentes sectores económicos, sociales, culturales y con las entidades ciudadanas», según ha explicado el coordinador nacional del partido y vicepresidente del Govern, Pere Aragonés.
El documento se centra en 7 ejes y es en el último de ellos, el de República de derechos y libertades, en el que ERC se limita apuntar los compromisos de «amnistía y autodeterminación», sin ningún dato más. Bajo el mismo epígrafe recoge la «vía amplia a la independencia» y la afirmación de que «cualquier reconstrucción es incompleta sin las herramientas y recursos de un estado».
Un contrato contra un «futuro distópico»
Aragonés se ha referido a la propuesta como «el contrato» de ERC con la «ciudadanía de los Países Catalanes». «Podemos tener una salida neoliberal de cierre del régimen del 78», ha dicho el líder republicano, «una salida que sea regresiva en derechos y libertades y que nos acerque a un futuro distópico«. Frente a esta posibilidad, ERC apuesta por «una salida de derechos y libertades individuales, una salida progresista, en clave republicana, una salida para favorecer a la mayoría de la población, una salida emancipadora e independentista«.
El documento, que parece más la base de un futuro programa electoral, contempla, por otro lado, propuestas para aplicar a corto plazo desde el Govern con el fin de atajar la crisis provocada por el COVID-19. En este sentido, ERC plantea cuestiones como un plan de reconstrucción de Cataluña por valor de 30.000 millones de euros, la participación de la Generalitat en «sectores estratégicos» o la creación de una Banca Pública de Inversiones.
Los republicanos también plantean la posibilidad de que la Generalitat garantice como derechos sociales «los suministros, la alimentación y la vivienda». Además, se muestran partidarios de reunificar las «múltiples prestaciones» en la llamada renta básica y de incrementar hasta los 1.200 euros el salario mínimo en esta comunidad. Insisten en la necesidad de facilitar la regularización de las personas sin papeles, medida que beneficiaría a unos 150.000 ciudadanos y apuestan por promover un «plan de mejora de la vida cotidiana, la corresponsabilidad y la conciliación».
