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La fiscalía estudia una denuncia a Pere Aragonès por injurias a la corona

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, durante un pleno de control al Gobierno de la Generalitat Foto: Europa Press

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está examinando una denuncia presentada por la asociación Concordia Real Española contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana (ERC); la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la presidenta del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito.

Según la asociación monárquica en declaraciones a Europa Press, lo que han hecho es poner en conocimiento el Ministerio Público unos hechos que consideran que podrían ser delictivos, pues las injurias a la Corona están contempladas en el Código Penal, concretamente en su artículo 491, y la Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar este tipo delictivo.

Después de que la Casa Real anunciara la salida de España de Juan Carlos I, Aragonès dijo que «los Borbones son una organización criminal», «la Monarquía solo puede ser corrupta por definición» y «hay que hacer caer este régimen y esta Monarquía». Declaraciones que, según la denuncia interpuesta, «Se trata de expresiones ofensivas, impropias, injustas y oprobiosas que evidencian un absoluto menosprecio al Rey y la destrucción del prestigio de la institución que encarga su persona, afectando al núcleo íntimo de su dignidad».

Por su parte, Teresa Rodríguez afirmó que «Juan Carlos I es un ladrón, pero su hijo Felipe VI también», «los ricos nos roban y la Monarquía puede hacerlo impunemente» o «la Monarquía es corrupta hasta el tuétano». Ana Pontón hizo manifestaciones como «no hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real y no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción».

En todo caso, tanto Aragonès como Rodríguez y Pontón están aforados ante los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas en las que son diputados. En caso de que Fiscalía viera indicios de delito en sus afirmaciones, tendrían que ser estos órganos judiciales los que les investigaran

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