El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que mantiene su compromiso de reformar el Código Penal para rebajar el delito de sedición, que afectaría a los políticos catalanes presos por el proceso independentista, y ha pedido ser «empáticos y sensibles» con la «ruptura emocional» que esta situación supone para «parte de la sociedad catalana».
En una entrevista en TVE, el jefe del Ejecutivo ha defendido que es necesario sacar «muchas lecciones» de lo que ha ocurrido con el «mal llamado procés» y «con la situación que existe con líderes que están en la cárcel», y no solo «desde el punto de vista del incumplimiento legal» sino «desde la ruptura emocional que está representando para parte de la sociedad catalana».
«El objetivo que tiene este Gobierno es que se mantiene nuestro compromiso de actualizar, modernizar y revisar, vía modificación del Código Penal, estos delitos. Es un compromiso de investidura y se va a mantener», ha reafirmado. A este respecto, el presidente del Gobierno ha defendido que ya anunció en su discurso de investidura que tenía el compromiso de reformar el delito de sedición y, por lo tanto, ese compromiso «sigue firme».
En este punto, Sánchez ha reclamado la necesidad de aprender de lo que ha ocurrido con el «mal llamado procés» y con la situación de sus «líderes», y de tener «empatía» con esa parte de la sociedad catalana.
Además, ha pedido «mirar a Europa», ya que desde allí se han señalado «cuáles son los déficits» que tiene el Código Penal español, en lo que tiene que ver «con este tipo de delitos». «Incluso la propia sentencia del Tribunal Supremo hace una referencia a ello», ha apostillado.
Los independentistas prefieren la reforma del delito de sedición al indulto
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado en Barcelona que la propuesta de Sánchez indica que el PSOE quiere negociar los PGE con los independentistas y por ello ofrece la reforma del delito de sedición, fórmula preferida al indulto por los políticos presos para salir de prisión. No obstante la reforma del Código Penal sería la segunda opción del independentismo que reivindica la amnistía como fórmula de eliminar el delito y las condenas incluida la inhabilitación. No obstante la amnistía no está contemplada por el Ejecutivo y es considerada por una gran mayoría de juristas como inconstitucional.
