Enfilamos ya la recta final hacia las elecciones del 29-N, unos comicios en los que algunos ciudadanos, tanto de las derechas como de las izquierdas, hemos depositado nuestras esperanzas para frenar la peligrosa deriva política impuesta por los partidos secesionistas y las coaliciones populistas que auparon a Sánchez a la Moncloa el 1 de junio de 2018. Ellos han puesto sobre la mesa sus condiciones para respaldar al PSOE de Sánchez y han marcado el rumbo de las políticas de sus gobiernos desde entonces. El presidente ha claudicado una y otra vez y satisfecho las exigencias de unos y otros para mantenerse en el poder y ha dejado de hacerlo únicamente cuando el prófugo de Waterloo decidió retirarle su apoyo al considerar que, confirmada la aplicación de la Ley de Amnistía por el Tribunal Constitucional, ninguna concesión sustancial podía ya extraer prolongando la agónica XV Legislatura.
Relatos infames
Sánchez no ha dudado durante estos ocho años en cambiar su posición política en temas sustanciales cuantas veces ha hecho falta para satisfacer las exigencias de sus avalistas en el Congreso, sin importarle lo más mínimo convertir en papel mojado los compromisos adquiridos con quienes le habían votado creyendo en las promesas electorales del candidato hechas unas horas antes. La mayoría de quienes lo votaron en 2019 recordarán haber escuchado a Sánchez afirmar en TVE que no podría formar gobierno con Podemos porque, dijo literalmente, que sus posiciones sobre los disturbios acaecidos en Barcelona tras conocerse las condenas impuestas a los líderes secesionistas por el Tribunal Supremo, le impedirían conciliar el sueño. Y seguramente recordarán también haberlo visto fundirse en un abrazo con Pablito quitasueños pocas horas después de las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2019 y anunciar que formaba un gobierno de coalición con ellos.
Quizá la mayoría de los votantes recuerda también haberle escuchado decir que los secesionistas catalanes eran reos de rebelión y hasta comprometerse en un debate televisado a traer de vuelta a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, y quizá, si la memoria no les traiciona, recuerdan que siendo ya presidente decidió en junio de 2021 indultar a los líderes golpistas condenados por los delitos de secesión y malversación en el Tribunal Supremo. Y hasta puede ser que se acuerden de haber escuchado al presidente y a varios ministros de Sánchez mantener que la amnistía era inconstitucional porque laminaría la división de poderes y como pocos meses después registraron la Ley de Amnistía en el Congreso el 13 de noviembre de 2023 para asegurarse su infame investidura el 16 de noviembre. Haciendo de la necesidad de acatar la voluntad de los golpistas virtud, la amnistía se había transustanciado y pasado de ser impensable y completamente inconstitucional a lógica y perfectamente constitucional. En cuanto al detalle menor de terminar de constitucionalizar el texto, ahí contaba el gobierno con Cándido-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, y el exministro de Justicia Campos, vocal de la institución, para lograr el resultado vestir al diablo de santo. Una prueba más de cómo Sánchez y los sanchistas entienden la aplicación de la justicia.
Cualquier persona razonable y no ofuscada ideológicamente comprende que gobernar en democracia obliga a realizar concesiones y cerrar compromisos que chocan en muchas ocasiones con las promesas electorales y no despiertan entusiasmo en quienes los votaron y ni siquiera en los firmantes de los pactos. Rajoy, por ejemplo, había prometido bajar los impuestos si ganaba las elecciones celebradas en noviembre de 2011, pero se vio obligado a subirlos y a recortar el gasto público una vez convertido en presidente, pese a disponer de mayoría absoluta en el Congreso, para evitar una crisis severa en los mercados de deuda. Pero lo ocurrido durante las presidencias de Sánchez supera todo lo imaginable y aceptable en una democracia sana, porque sus ‘cambios de opinión’ pueden considerarse, además de esperpénticos, completamente amorales, más propios de un líder mafioso que de un político avezado, pero con principios.
Hasta la llegada de Sánchez a Moncloa, los presidentes democráticos parecían avergonzarse cuando se les pillaba mintiendo o engañando, o cuando los medios de comunicación destapaban un escándalo que afectaba a su gobierno. Con Sánchez, mentir y engañar es moneda corriente y en lugar de avergonzarse quienes lo hacen sacan pecho. En los dos casos mencionados -alianzas infames con los partidos populistas y secesionistas y la aprobación de la ley de amnistía- no estamos ante meros reposicionamientos tácticos para hacer frente a una situación inesperada o crítica, sino ante actuaciones discrecionales de enorme trascendencia política que han alterado profundamente el funcionamiento de nuestro sistema democrático y las reglas de convivencia. Gracias a Sánchez, los partidos comprometidos con deshacer los acuerdos básicos de tolerancia y convivencia de la transición han marcado el paso del gobierno de España desde 2018 y se han deslegitimado las decisiones adoptadas por las instituciones del Estado, el Senado y el Tribunal Supremo, para frenar y juzgar a los protagonistas del golpe de estado consumado en Cataluña el 27 de octubre de 2017.
Corrupción sistémica
Algunos bienintencionados votantes del PSOE parecen seguir convencidos de que el líder de los ciudadanos de a pie nada sabía de las andanzas de Ábalos, Cerdán, Serrano y (Leire) Díez, algunos de ellos sus más cercanos colaboradores, y dan por sentado que la condena a (David) Sánchez y las imputaciones a (Begoña) Gómez son el resultado de la feroz cacería organizada por organizaciones y partidos de ultraderecha con la connivencia de algunos jueces prevaricadores para dañar la honorabilidad del presidente y su familia. Digo que siguen creyendo en la inocencia del líder porque resultaría más grave todavía que siguieran votando al PSOE de Sánchez pensando que es instigador y cómplice de las tramas de corrupción.
Resulta harto difícil creer, digo, que después de todos los casos de corrupción que han aflorado desde 2018 y han dado con los huesos de algunos de los más estrechos colaboradores de Sánchez en Soto del Real, Ábalos ya juzgado y condenado a dos docenas de años de cárcel, Cerdán, Serrano y Díez a la espera de ser juzgados y tal vez enviados al real sitio para compartir allí sus memorias y penas, sigan creyendo en su inocencia. Ábalos y Cerdán, por si algún votante de Sánchez no se ha enterado, dirigieron sucesivamente la organización del PSOE desde junio de 2017 hasta mayo de 2025. No cabe duda de que los colaboradores más golfos hicieron auténticos malabarismos con sus asesores para presentarse ante sus incautos votantes como defensores de la honradez en política y abanderados del feminismo, mientras planeaban en sus despachos como cobrar mordidas y organizaban sus modestas orgías, incluso en Paradores del Estado.
Como diría, Marco Antonio, eran todos personas honorables, y todo lo hicieron guiados por sus profundas convicciones socialistas. “Esta es una moción de censura para recuperar la dignidad de nuestra democracia”, nos aleccionó el bueno de Ábalos al defender en nombre del PSOE de Sánchez la moción contra Rajoy el 31 de mayo de 2018, e igualmente memorable encuentro aquella frase del ya ministro de Transportes en la que confesaba “soy feminista porque soy socialista”. De Cerdán, personaje más circunspecto y menos dicharachero –“¡Koldo!, de eso no se habla”- que sus compinches, ya tendremos ocasión de ocuparnos cuando se siente ante los tribunales para defenderse de las graves acusaciones que se le imputan.
Quienes no somos fieles incondicionales de ningún líder y nos tomamos en serio las informaciones publicadas sobre las andanzas de quienes “gozaron de su máxima confianza” y ahora son grandes desconocidos para el presidente, estamos convencidos de que las tramas de corrupción y espionaje a los jueces se organizaron con el visto bueno del N.º 1 desde Ferraz y Moncloa, y se desarrollaron con normalidad mientras resultó posible evitar que trascendieran al público y se pusieran en marcha varias investigaciones judiciales. Más aún, estamos convencidos de que Ábalos, a quien tras su fulminante destitución el 12 de julio de 2021 recuperó para incluirlo en las listas al Congreso en las elecciones de julio de 2023, no era para Sánchez un gran desconocido en lo personal, y una parte de las mordidas en las adjudicaciones iban a engrasar las cuentas del partido.
Descartamos el relato impostado de Sánchez, un personaje tan audaz e inescrupuloso como Ábalos y Cerdán, y tan falto de principios como ellos, que intenta eludir su responsabilidad traspasándola a sus colaboradores más próximos, a los que utilizó para llegar a la secretaría general, y presentándose ante los suyos como el líder del progresismo internacional y la víctima de una cacería implacable. Lo verdaderamente asombroso es que haya españoles que confíen todavía en la inocencia de Sánchez y se inclinen a pensar que estamos ante una monstruosa confabulación antidemocrática para derrocarle.
Incompetencia
Pese al marcado carácter personalista de sus presidencias, Sánchez se ha rodeado siempre de una nutrida corte de aplaudidores y aduladoras, cuyo principal mérito para dirigir un Ministerio o el partido no era su competencia profesional, sino su adhesión inquebrantable al líder y su disposición a repetir las consignas de Moncloa. A nadie puede sorprenderle. Los partidos políticos constituyen un mundo proceloso plagado de intrigas que se han ido transformando en organizaciones cada vez más endogámicas y cerradas con el paso del tiempo. Muchos de quienes ahora están al frente de los dos partidos, PSOE y PP, cuya alternancia ha conformado nuestra democracia, entraron siendo muy jóvenes y han ido ascendiendo en sus organizaciones sin desarrollar ninguna actividad profesional a lo largo de sus vidas, o, cuando lo han hecho ha sido de forma esporádica, para suplementar sus ingresos antes de lograr vivir de su actividad política.
Comprendo que los partidos requieren un grado de cohesión importante para poder funcionar y conviene que los futuros líderes se curtan en la plaza de tientas y desarrollen las habilidades políticas necesarias para afrontar empresas de mayor calado. No obstante, el hecho de que los partidos premien la fidelidad al líder y castiguen con el ostracismo y hasta con la expulsión la disidencia, presenta un riesgo evidente para la sociedad a la que supuestamente dicen servir. Quienes ostentan posiciones de poder dentro de los partidos acaban con frecuencia cediendo a la tentación de rodearse de colaboradores fieles que carecen de las competencias profesionales exigibles para desempeñar la función de dirigir un Ministerio, ocupar una dirección general o desempeñar las tareas propias de un parlamentario en su área de trabajo. Podría mencionar unos cuantos.
El resultado es que muchos de quienes han desempeñado altos cargos en las instituciones del Estado carecían de los conocimientos indispensables para realizar una buena gestión e incluso de los principios morales más elementales para no caer en la tentación de lucrase mientras desempeñaban sus cargos. Algunos que sí tenían cierta competencia profesional en su materia se han visto arrastrados a mirar a otro lado por orden del líder, o incluso a tratar de encubrir los casos de corrupción antes de que pasaran a ser de dominio público y hasta a desbaratar las investigaciones judiciales en curso. Dicho de otro modo: uno tiene la impresión de que cualquiera puede ser ministro de Hacienda, Educación o Cultura, portavoz de un grupo parlamentario o presidente del Congreso o presidente de una comisión parlamentaria, basta para ello, claro está, estar dispuesto a hacer y decir lo que el líder del grupo le ordene. La Ley de Amnistía es uno de los casos recientes más claros.
Este verano he pasado revista a una ministra de Universidades, Morant, que se ajusta muy bien al perfil de trepadora que acabo de describir, a la marrullera gestión de Montero al frente de un ministerio clave como es Hacienda, o al cacao que alberga la cabecita la ministra Rodríguez. Más grave que su falta de conocimiento e incompetencia resulta que una ministra desinformada se cebe con una pequeña empresa inmobiliaria y la acuse de ser una “una pyme buitre, muy carroñera” con tal de encubrir la inacción del Gobierno del que forma parte para resolver los problemas de la vivienda en España que, como todo el mundo sabe, no han hecho sino agravarse desde que Sánchez llegó a la Moncloa.
Resulta hoy cosa de niños descalificar la gestión de Ábalos al frente del Ministerio de Transporte, pero es que quien ocupa hoy la cartera no se queda atrás. Según figura en su CV, entró en el PSOE con 22 años en 1990, ejerció de actor y desde 1995 como abogado y ha ocupado sucesivos cargos dentro del PSOE desde 2004 hasta ser elegido alcalde de Valladolid en 2015. La pregunta que uno se hace es si su carrera profesional como abogado y político lo capacita para dirigir un Ministerio que maneja un alto presupuesto y tiene competencias sobre la gestión de importantes infraestructuras públicas, como las ferroviarias y viarias. Aclaro de entrada que la competencia profesional ayuda a realizar una buena gestión, aunque reconozco que no es imprescindible siempre que el gestor se rodee de personas competentes y no convierta el Ministerio o Adif en una oficina de colocación.
No voy a caer en la tentación de la ministra Rodríguez y cebarme en la gestión del ministro Puente aprovechando las dos tragedias ferroviarias vividas en 2006 ni las continuas incidencias que se registran en los ferrocarriles de cercanías, media y larga distancia, ni voy a recrearme tampoco en el mal estado de las carreteras y autovías que también mata, pero tengo serias dudas de que al ministro Puente se le critica “no por hacer mal su trabajo, sino por hacerlo muy bien” y que el ferrocarril en España atraviesa, como él mismo ha dicho en varias ocasiones. Me pregunto, además, si Puente quizá fue nombrado ministro de Transportes porque el Ministerio cuenta con un presupuesto elevado, licita y adjudica importantes obras públicas, y ahí se necesita tener a un hombre de partido de la máxima confianza.
Por último, he de reconocer que tiene razón Puente cuando dice que su dimisión no va a devolver a la vida a los muertos de Adamuz y Urda, ni la salud y la tranquilidad al resto de las víctimas que sufren y lloran sus propias heridas o el trágico final de sus seres queridos. Error humano o no, lo que no va cambiar, desde luego, es la pésima opinión que la mayoría de los españoles tiene de la gestión realizada por Puente, aunque como Juan Luis Cebrián apuntaba certeramente en el título de su último artículo “El error humano se llama Pedro Sánchez”. César Antonio Molina, ministro de Cultura de Rodríguez Zapatero, recordaba a los indecisos en su última tribuna que “lo más importante que tiene que hacer el país es acabar legalmente con este desquiciado y amoral actor de culebrones turcos. Nosotros no debemos ser cómplices”. El 29-N los españoles tenemos la oportunidad de echar a ambos.
