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El juez que investiga los CDR solicita ir a Berna para «inspeccionar visualmente» cuentas bancarias

Reclama información de una rogatoria de 2018 sobre una cuenta de una sociedad panameña

Manifestantes separatistas en una acción de protesta contra Felipe VI convocada por la ANC (Europa Press).

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha solicitado viajar a la ciudad suiza de Berna para poder «inspeccionar visualmente» cuentas bancarias, en el marco de la investigación por presunto terrorismo dentro de la ‘Operación Judas’ contra los CDR en Cataluña. Así lo planteó en un escrito dirigido a la fiscal suiza Sophie Chofflon Pointet que data del 12 de junio de 2020 y está incluido en el sumario de la causa. No obstante, según las fuentes jurídicas consultadas, esa visita a Berna aún no se ha producido.

«Estaría interesado en conocer si sería posible visitar las instalaciones ubicadas en Berna con el propósito de inspeccionar visualmente información de cuentas bancarias para identificar las que sean relevantes para la investigación», señalaba. Además, aprovechó para recordar que «hace tiempo», el 10 de diciembre de 2018, envió una Carta Rogatoria Internacional (CRI) con carácter «urgente» para solicitar información sobre una cuenta de la sociedad panameña Hanalei Holdings en AIG Bank, ahora Falcon Private Bank.

«¿Me podría explicar dónde se encuentra el CRI en este momento?», pidió y, «dado que todo está funcionando más lento debido a la COVID-19», preguntó si sería es posible que le enviaran un correo electrónico con el nombre del beneficiario de esa cuenta bancaria.

‘Operación Judas’

García-Castellón investiga a varios integrantes de los CDR que fueron detenidos durante la ‘Operación Judas’ en septiembre de 2019 en Barcelona, por considerar que hay indicios de que formarían parte de estructuras jerarquizadas que se habrían formado en su seno para «instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta».

En un primer momento dirigió sus pesquisas hacia siete personas a las que imputó delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Posteriormente, el pasado mes de junio, añadió otros cuatro investigados.

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