Nuevo revés para la política de vivienda del Govern de Salvador Illa. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha concluido que la proposición de ley impulsada por los Comunes y pactada con el Ejecutivo catalán para limitar la compra especulativa de viviendas vulnera diversos preceptos del Estatut y de la Constitución, entre ellos el derecho a la propiedad privada, el derecho a la herencia y la libertad de empresa.
El dictamen, aprobado por unanimidad por los miembros del órgano consultivo, fue solicitado por Junts y el PP el pasado mes de julio y, aunque no es vinculante, supone un importante revés para la iniciativa legislativa impulsada por el Govern y sus socios.
El CGE también cuestiona la tramitación de la norma por el procedimiento de lectura única, al considerar que no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento del Parlament para este tipo de procedimientos exprés. Además, advierte de que la exclusión del Consell de Governs Locals y de las entidades municipalistas durante la elaboración del texto vulnera el Estatut de Autonomía.
Vulneración del derecho a la propiedad
Uno de los aspectos más contundentes del dictamen afecta al contenido de la ley. El Consell considera que la propuesta invade competencias exclusivas del Estado en materia de obligaciones contractuales y restringe de forma desproporcionada derechos constitucionales.
En concreto, sostiene que las limitaciones previstas en la norma suponen un «vaciamiento de la utilidad individual de la propiedad», imponiendo una carga excesiva sobre los propietarios, lo que vulneraría el derecho a la propiedad privada y a la herencia recogido en el artículo 33 de la Constitución.
Asimismo, el órgano consultivo considera que la iniciativa supone una «injerencia excesiva» en la libertad de empresa al limitar la capacidad de actuación de quienes operan en el mercado de la vivienda, contraviniendo el artículo 38 de la Constitución.
El dictamen también cuestiona la seguridad jurídica de la norma al considerar que carece de la suficiente certeza y previsibilidad para los ciudadanos.
Junts celebra el dictamen y ERC admite dudas
Desde Junts han celebrado el contenido del informe. La diputada Judith Toronjo ha asegurado que el dictamen confirma que la ley vulnera derechos fundamentales como la propiedad, la herencia, la libertad de empresa y la seguridad jurídica, además de cuestionar tanto su tramitación como la exclusión del mundo local.
Toronjo ha criticado que el Govern y los Comunes hayan impulsado una ley de esta trascendencia mediante lectura única y sin el debate parlamentario ni las comparecencias que, a su juicio, requería una reforma de este alcance.
Por su parte, ERC también ha reconocido que mantiene «dudas» sobre la forma elegida para tramitar la norma y considera que debería replantearse. Los republicanos recuerdan que ya habían advertido de problemas sobre el encaje jurídico de la iniciativa y sostienen que el dictamen del Consell evidencia que el texto acumula demasiadas objeciones.
