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La Justicia avala los pinchazos del ‘caso Voloh’ a Madí y Vendrell

La Audiencia de Barcelona sostiene que existen «sospechas fundadas» para la medida y recuerdan la capacidad de influencia de los investigados

El ex alto cargo de CDC David Madí (derecha) junto a un agente de la Guardía Civil. EFE.

Espaldarazo de la Justicia a los pinchazos a Madí y Vendrell. La Audiencia de Barcelona ha avalado las escuchas telefónicas del caso Voloh a los excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell, ante los indicios de que podrían utilizar su posición en la «cúpula soberanista» para desviar fondos públicos y «financiar proyectos políticos al margen de la ley». En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso de apelación que presentó la defensa de David Madí, y a la que sumaron después una decena de investigados más, para pedir que se declarara la nulidad de las intervenciones telefónicas que sustentan el caso.

La causa, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga una presunta trama de desvío de fondos al expresidente catalán Carles Puigdemont —a través de criptomonedas—, así como supuesto tráfico de influencias en los negocios de empresarios que formaron parte del «estado mayor» del 1-O, entre ellos Madí y Vendrell.

La intervención telefónica no fue «desproporcionada»

La Audiencia ha confirmado ahora la validez de la investigación del juez Aguirre, al concluir que hay «indicios suficientes para creer responsablemente criminales» a los imputados y que las escuchas eran necesarias para esclarecer su participación en presuntos delitos de corrupción. Así, considera que la intervención telefónica «no puede tacharse de desproporcionada», porque se investigan delitos de tráfico de influencias y malversación, que pueden suponer varios años de cárcel. Concretamente, hay indicios de que la trama estaría trabajando «en la creación de criptomonedas para usarlas en una república catalana independiente», desviando a fines ilícitos las subvenciones públicas a que tienen acceso por su influencia política.

En ese sentido, la sala subraya la «ilicitud» de que fondos procedentes de administraciones públicas —incluidas autonómicas y locales— se conviertan en criptomonedas, dado que estas carecen de «trazabilidad» y «no son susceptibles de retorno porque se tratan de un medio virtual de comercialización pero no de dinero». El tribunal recuerda, asimismo, que las «sospechas fundadas o indicios de criminalidad» del caso derivan de unos archivos de audio grabados por el excargo de CDC investigado Víctor Terradellas, de sendas conversaciones que mantuvo con Madí y Vendrell los días 14 de mayo de 2018 y 16 de mayo de 2018.

Terradellas, interlocutor de Puigdemont con Rusia

Esas conversaciones, según el juez, apoyan su tesis de que Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, fue el interlocutor de Carles Puigdemont con Rusia en pleno proceso independentista y que se estudió crear una plataforma de criptomonedas para garantizar la «estabilidad financiera» de Cataluña.

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