El reciente acuerdo para formar gobierno en Cataluña entre las fuerzas separatistas de izquierda y derecha —Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya— ha suscitado preocupación en el ámbito constitucionalista catalán. Una de las entidades que ha mostrado su rechazo ha sido Impulso Ciudadano, que en un comunicado emitido hoy ha alertado de la naturaleza «antidemocrática» del acuerdo y ha reclamado al Gobierno de España que no lo normalice.
Los motivos aducidos por el colectivo para oponerse al acuerdo son diversos. En primer lugar, cree que supone una «apropiación explicita de las instituciones de autogobierno por parte del independentismo». Y es que, recordando que los votos reunidos entre ERC y JxCAT no superaron el 22% del censo, argumenta que este apoyo no les legitima para «destruir las instituciones» y «ignorar» a los catalanes no nacionalistas.
Por otra parte, recuerda que el acuerdo «incide en políticas declaradas ilegales por los tribunales, como la «inmersión lingüística obligatoria». Del mismo modo, «excluye a los catalanes no nacionalistas del diálogo con el gobierno español», reduciendo dicho «diálogo» a una negociación entre el Ejecutivo central y el nacionalismo catalán. Asimismo, IC considera que el plan de gobierno trazado entre los republicanos y los neoconvergentes «vulnera la obligación de las autoridades de acatar la Constitución». A este respecto, recuerdan que objetivos como la «amnistía» para los políticos presos y el derecho de autodeterminación no caben en nuestro orden constitucional.
«El Gobierno de España no puede mirar hacia otro lado»
Por todo ello, la entidad juzga que el «Gobierno de España no puede mirar hacia otro lado: una autoridad pública hace expreso que actuará al margen de la ley y de la Constitución, convirtiendo a millones de catalanes en extranjeros en su propia tierra». Extranjerización que, recuerda IC, también afectaría «al resto de españoles, que perderían sus derechos de ciudadanía en Cataluña».
