El Tribunal de Cuentas no aceptará que la Generalitat avale las fianzas millonarias impuestas a 34 ex altos cargos separatistas por la promoción internacional del procés desde la Conselleria de Acción Exterior entre 2011 y 2017. Según recogen El País y El Mundo, esta institución cuestiona que la Administración autonómica catalana pueda avalar las cauciones y, además, de hacerlo, podría ser «un fraude de ley» puesto que la Generalitat es la principal afectada por el presunto mal uso del dinero público.
El Govern debe tomar este martes una decisión definitiva sobre esta cuestión. Dentro del Ejecutivo que preside Pere Aragonés hay dos posturas, correspondiente cada una a los partidos que lo integran. En Junts defienden que estas fianzas debe pagarlas la Generalitat, puesto que quienes emplearon el dinero público para dar a conocer el procés internacionalmente lo hicieron cumpliendo órdenes y siguiendo unas directrices políticas. Una opción que está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público y que se conoce como «principio de indemnidad». ERC, por su parte, no cree que esta fórmula sea viable y prefiere que las fianzas sean abonadas mediante la Caixa de Solidaritat, aunque esta ahora mismo, al parecer, está vacía.
Sea como sea, el plazo va corriendo. Los separatistas, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y Albert Royo, deben depositar un total de fianzas que se acerca a los 10 millones de euros antes del próximo día 21. De no hacerlo, el Tribunal de Cuentas activará el procedimiento para embargarles hasta cubrir las cantidades impuestas.
