«Necesitamos un reforzamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. Esto quiere decir tener instituciones neutrales, profesionales e independientes que no sean ocupadas por los partidos políticos de turno». Quien así se expresa es Elisa de la Nuez, abogada del Estado y Secretaria General de la Fundación Hay Derecho, en una conversación con Joaquín Villanueva organizada por el think tank constitucionalista Consenso Regeneración. Así, según De la Nuez, en España «cuando no hay un problema con el Tribunal Constitucional, lo hay con el Tribunal de Cuentas, lo que denota que no hemos entendido nada en términos de profesionalización y despolitización». Y añade que unas instituciones independientes mejorarían sustancialmente la vida de los ciudadanos: «Por ejemplo, imaginaos en Cataluña que los ciudadanos no independentistas tuvieran unas instituciones que fueran de todos y no de una parte».
Asimismo, De la Nuez recuerda que no es necesario mirarse en el espejo de los países nórdicos para aspirar a mejorar las instituciones. «Portugal, por ejemplo, posee unas instituciones más profesionales y neutrales que las nuestras, y que ha conseguido una dirección pública profesional que no cambia cada dos minutos en cuanto se produce un cambio de Gobierno, con la conmoción que ello acarrea», ilustra. Y bien, ¿qué impide alcanzar tal estado de cosas? «Tenemos la resistencia de los grandes partidos y de los no tan grandes, que consideran las instituciones parte del botín a repartir cuando se ganan unas elecciones», lamenta.
¿Qué hacer con el CGPJ?
Un ejemplo de actualidad sobre la politización del sistema la hallamos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sus problemas se explican, según De la Nuez, porque «al poder no le gustan los límites». «Por eso», aclara, «aunque un partido abogue por los limites en la oposición, cambia cuando llega al poder» al ver limitada su capacidad de maniobra. En cualquier caso, tiene claro cuál sería el mejor método para escoger al CGPJ: «Yo lo dejaría como estuvo en la ley de 1980. De los 20 vocales del Consejo, que 12 sean elegidos por jueces y magistrados —no por las asociaciones judiciales, esto es importante— y otros ocho por Congreso y Senado. Así hay un contrapeso entre los vocales de origen político y los vocales de origen judiciales». La abogada recuerda que ese sistema es similar al que reclama Europa, que aconseja que al menos la mitad lo elijan los propios magistrados. «Y si alguien se opone a que los jueces decidan por riesgo de corporativismo, pues que se haga por sorteo. Cualquier cosa sería mejor que lo que tenemos ahora mismo», concluye.
