Tarde o temprano, haber participado en la insurrección contra la democracia constitucional en 2017 pasa factura judicial, incluso a los que no tuvieron un papel destacado. Es el caso del exalcalde de Alcarràs (Lérida) Miquel Serra, que acaba de ser condenado por el Juzgado Penal 3 de la localidad por un delito de desobediencia el 1-O. La sentencia establece que sea inhabilitado para cargo público durante tres meses, así como una multa de 450 euros. El motivo es que Serra, tal y como recuerda el juez, «permitió el uso local de El Casino» para la votación ilegal de aquel año, en la que trató de impedir que no entrase la Polícia al recinto.
El juicio se tenía que celebrar en junio pero la jueza decidió suspenderlo. En aquel momento, Serra declaró sentirse orgulloso de forma parte del pueblo que se movilizó el 1-O: «Estoy inmensamente emocionado y contento de estar al lado de mis vecinos defendiendo que no nos quitaran la dignidad de la mejor manera que se podía hacer: evitar que nos quitaran ningún voto». Asimismo, señaló que afrontaba el juicio «con la tranquilidad de tener la seguridad de no haber cometido ningún delito, de haber sacado adelante un mandato democrático». Y remachó: «Estoy tranquilo porque el referéndum no lo organizó ningún alcalde sino la misma sociedad catalana».
