La relación del separatismo con la legalidad sigue siendo conflictiva. Después del golpe contra la legalidad constitucional en 2017 que acabó con varios de sus máximos dirigentes en la cárcel o fugados en el extranjero —si bien posteriormente fueron indultados por el Gobierno de Sánchez—, varios de sus dirigentes han sido inhabilitados —esto es, apartados de sus cargos pero sin que por ello hayan de ingresar en prisión. Hasta ahora, el político destituido más importante ha sido el expresidente de la Generalitat Quim Torra, que el año pasado fue apartado de su cargo por no acatar la orden de retirar los símbolos separatistas de la Generalitat. Pero no ha sido el único.
Ahora, el dirigente inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el diputado de la CUP, Pau Juvillà, secretario de la Mesa del Parlament. Juvillà ha sido condenado a seis meses de inhabilitación y a una multa diaria de 12 euros durante tres meses por haber incurrido en desobediencia al no retirar en 2019 los lazos amarillos que colgaban en el Ayuntamiento de Lérida durante la campaña de las Elecciones Generales. «La conducta inobediente del acusado en este caso puede considerarse sin discusion de contumaz y persistente, opuesta a las prescripciones de las juntas electorales», han señalado los jueces. Y es que, tras una denuncia de Ciudadanos en el Consistorio por considerar los lazos «partidistas», Juvillà se negó a retirarlos pese a la insistencia de la Justicia.
No es la primera vez que un líder de la CUP es inhabilitado por motivos similares. En 2018, la exalcaldesa de Berga, Montse Venturós, también fue condenada a seis meses por no retirar una estelada de la fachada del Ayuntamiento.
Apoyo de los ‘comuns’
La reacción de los antisistema no se ha hecho esperar, convocando una manifestación esta tarde para protestar por lo que consideran un muestra de la «represión del Estado contra el independentismo» y para defender su «soberanía frente a las injerencias del Estado y los tribunales». En esta ocasión, el partido radical ha recibido el respaldo de los comuns, cuya líder, Jéssica Albiac ha juzgado la inhabilitación «un ataque flagrante contra la libertad de expresión».
