La sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha mostrado su «profunda preocupación» por la tensión generada en Cataluña por parte del Govern y su intención de no cumplir las sentencias del TSJC sobre la lengua. Estas sentencias obligan a la Generalitat a impartir al menos un 25% de la enseñanza en castellano, lo que supone el principio del fin de la autoritaria inmersión lingüística.
Los abogados rechazan totalmente la postura del Govern en esta cuestión y, sobre todo, cómo ha ignorado el acoso a un niño de 5 años de Canet de Mar cuya familia había pedido a la Justicia que recibiera parte de su educación en castellano. Recuerdan que el Ejecutivo presidido por el republicano Pere Aragonés no ha mencionado «para nada» hechos como que algunos separatistas propusieran en redes sociales, incluso, ir a apedrear la casa de este menor.
«La actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat», aseguran los abogados constitucionalistas en un comunicado, «es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el artículo 1 de la Constitución». Y añaden que estos hechos afectan también «a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica».
