Pese a la política de apaciguamiento emprendida por el Gobierno de Sánchez —indultó a los presos del procés y reformó el Código Penal para «desjudicializar el conflicto—, parte del separatismo, lejos de adoptar una actitud conciliadora, sigue aferrado a posturas radicales. Es el caso de la exconsellera y eurodiputada de Junts per Catalunya Clara Ponsatí, que acaba de anunciar que no comparecerá ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, que la ha citado a declarar el 24 de abril por su implicación en los hechos de 2017: «Tengo otras cosas que hacer esos mismos días».
Y es que, según ha relatado en una entrevista en 8tv, Ponsatí ha remitido al comité jurídico del Parlamento Europeo una demanda de Amparo, por lo que considera que la cita con Llarena queda anulada: «En el momento que un caso entra a discusión en este comité se entiende que el procedimiento tendría que estar suspendido». Por otra parte, ha criticado su detención «ilegal» en el barrio del Born en Barcelona tras regresar a España después de cinco años fugada en el extranjero: «No fue un accidente, sino una operación claramente organizada».
