Varapalo judicial al secesionismo en la semana en la que la fugada Clara Ponsatí desafió a los tribunales y no acudió a su cita con el magistrado Pablo Llarena. Esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a un año de inhabilitación a la consellera de Acción y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, por desobediencia en la organización y celebración en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A la sazón, Serret ocupaba el cargo de consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Juzgada el 29 de marzo, Serret reclamó su absolución alegando que se había limitado a seguir el «mandato democrático» de la mayoría secesionista del Parlament. Asimismo, sostuvo que el referéndum no fue un delito. Sin embargo, el TSJC, además de la inhabilitación de un año, le ha impuesto una multa de 12.000 euros.
La entidad nacionalista Òmnium Cultural ha reaccionado al hecho manifestando su apoyo ante una sentencia «injusta y criminalizadora y que vulnera derechos fundamentales». Y ha añadido: «La represión del Estado español no se detiene, pero nuestra solidaridad tampoco».
