El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Gómez se sentará en el banquillo ante un jurado popular después de una instrucción que comenzó hace casi dos años y medio.
El magistrado también ha enviado a juicio a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, aunque en su caso únicamente por el presunto delito de malversación.
La decisión llega en la última semana de Peinado como juez antes de su jubilación, prevista para el próximo 27 de septiembre. El magistrado no ha impuesto medidas cautelares a ninguna de las dos acusadas, aunque ambas deberán permanecer a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid y comunicar cualquier cambio de domicilio.
Peinado también ha ordenado investigar la «capacidad económica» de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial y ha solicitado sus cinco últimas declaraciones de la renta para determinar las eventuales responsabilidades económicas.
La Universidad Complutense de Madrid reclama 113.509 euros por el perjuicio que sostiene haber sufrido y el juez considera que Gómez y Álvarez deberán responder como responsables civiles directas y solidarias de esa reclamación.
La causa pasará ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de fijar la fecha del juicio. La acusación popular, liderada por Hazte Oír, solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez. Tanto las defensas como la Fiscalía reclaman la absolución.
Los indicios que aprecia Peinado
En su resolución, de 67 páginas, Peinado sostiene que existen indicios racionales de un presunto delito de tráfico de influencias y pone el foco en el papel desempeñado por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
El magistrado destaca el «cambio radical» que, a su juicio, experimentó la trayectoria profesional de Gómez después de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno y sostiene que se produjeron «decisiones públicas favorables» hacia la cátedra que codirigía.
El auto recoge, entre otros elementos, una reunión mantenida en Moncloa entre Gómez y el rector de la universidad. Según la resolución, posteriormente el rector trasladó al vicerrector la instrucción: «Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente».
Peinado considera que este episodio refuerza la existencia de indicios de tráfico de influencias y sostiene que Gómez habría proyectado simultáneamente su posición, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas vinculadas al sector público para conseguir financiación para la cátedra.
En relación con la presunta malversación, el magistrado considera acreditado que Gómez utilizó de manera continuada el trabajo de su asesora para cuestiones relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la cátedra y con la tramitación del registro de la titularidad de un software desarrollado en el ámbito universitario.
La Audiencia redujo los delitos
No es la primera vez que Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez. El magistrado ya adoptó esta decisión en junio, cuando atribuía a Gómez cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó posteriormente que el procedimiento debía continuar ante un jurado popular, pero descartó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y levantó las medidas cautelares que se habían impuesto a las investigadas.
El procedimiento continúa, por tanto, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en el caso de Begoña Gómez y por malversación en el de Cristina Álvarez.
El Gobierno habla de «persecución judicial»
El Gobierno ha reaccionado con dureza a la decisión de Peinado y la ha calificado de «injusta y arbitraria». El Ejecutivo sostiene que el procedimiento forma parte de una «persecución judicial» contra Begoña Gómez por ser la esposa del presidente.
Desde Moncloa también han criticado que la resolución coincida con el viaje de Pedro Sánchez a Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El Ejecutivo considera «incuestionables» la «intención política, el acoso y la deshumanización» que, a su juicio, han marcado la instrucción y mantiene que la inocencia de Gómez quedará acreditada durante el juicio.
