Los resultados provisionales de las elecciones generales celebradas el 23 de julio son bien conocidos a estas alturas. El PP ha resultado holgado vencedor con 8.091.840 votos (3.044.308 más que en las elecciones del 10-N de 2019) y 136 escaños (47 más que en las elecciones del 10-N de 2019), pudiendo dar por superada la fase de desconcierto vivida tras la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa el 1 de junio de 2018, y la subsiguiente espantada de Rajoy. Había motivos suficientes para sentirse satisfecho por el enorme avance registrado, y al mismo tiempo insatisfacción al constatar que el número de escaños, incluso sumando los 33 diputados obtenidos por VOX (169=136+33) resultaba inferior a los 176 diputados que otorgan la mayoría absoluta en el Congreso. A la espera de los resultados definitivos, el PP necesitaría contar, además de con el diputado de UPN,y el de CCa, con el apoyo de los 5 escaños del PNV, tarea no imposible aunque difícil de conseguir.
A pesar de la eufórica celebración vivida en Ferraz la noche electoral, lo cierto es que el PSOE de Sánchez, tras haber utilizado sin pudor alguno toda la artillería con que cuenta el Gobierno – Presupuestos Generales del Estado, Reales Decretos y Boletín Oficial del Estado- para arañar algunos votos, ha vuelto a obtener unos malos resultados y continúa sin remontar el vuelo. El 23-J obtuvo 6.586.864 votos y 103 diputados, en tanto en las elecciones del 24 de abril de 2019 logró 6.522.412 votos y 113 diputados. No había razones de peso para tanta euforia, si bien hay que reconocer que las cifras ofrecidas en los medios de comunicación, 7.760.970 votos y 123 escaños estaban maquilladas por los buenos resultados cosechados por otro partido, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) que con 1.182.106 votos y 19 diputados registró un notable aumento en votos (387.440) y obtuvo 7 escaños más que en las elecciones de noviembre de 2019.
La suma provisional de 153 diputados deja a la posible coalición de gobierno PSOE-PSC-SUMAR-En Comú Podem a 28 diputados de la mayoría absoluta
La gran diferencia entre el PP y el PSOE-PSC es que Sánchez, a diferencia de Feijóo, puede ganarse el apoyo interesado de todos los partidos que de forma velada o abiertamente pretenden acabar con el espíritu de concordia que posibilitó aprobar la Constitución de 1978, la primera y única constitución auténticamente democrática en España, si por democrática entendemos una constitución diseñada por las principales fuerzas parlamentarias y refrendada por la inmensa mayoría de los ciudadanos. El primer socio es, naturalmente SUMAR-En Comú Podem, una coalición de partidos deseosa de sumar sus 31 escaños a los 122 del PSOE-PSC para reeditar el gobierno de coalición que a tantos españoles nos ha quitado el sueño durante los últimos tres años y medio. Responsable en el ámbito social de dislates legislativos tan notables como la ley del solo sí es sí y la ley trans, y en el económico de reintroducir el impuesto sobre el patrimonio por la puerta trasera y establecer gravámenes arbitrarios y distorsionadores a energéticas y entidades y establecimientos financieros de crédito, y, en fin, de aprobar una ley por el derecho a la vivienda que introduce controles de precios y reducirá la oferta de vivienda en alquiler. Estamos ante iniciativas legislativas mal concebidas que han aumentado la inseguridad ciudadana, distorsionado las decisiones de las familias y las empresas, cuestionado el derecho a la propiedad y aumentado la inseguridad jurídica.
La suma provisional de 153 diputados deja a la posible coalición de gobierno PSOE-PSC-SUMAR-En Comú Podem a 28 diputados de la mayoría absoluta. Necesitaría Sánchez para lograr ser investido en primera convocatoria sumar los 7 diputados de ERC, los 7 de JxCat, los 6 de EH- Bildu y los 5 del PNV, siendo el diputado del BNG y el de CCa los únicos prescindibles. En segunda convocatoria, necesitaría sumar al menos 171 votos favorables para superar los 170 votos negativos del PP, Vox y UPN y podría prescindir del apoyo de uno y solo uno de los partidos que tienen 7 (ERC y JxC), 6 (EH-Bildu) o 5 escaños (PNV) y que el excluido no votara en contra.
Sus líderes ya protagonizaron, junto a Puigdemont y otros líderes de JxCat, un golpe de estado fallido en Cataluña en octubre de 2017
ERC no sólo es un partido republicano que humilla en cuanto tiene ocasión a la Corona y al Jefe del Estado, sin que Sánchez se dé siquiera por enterado, sino que aboga abiertamente por lograr la independencia de Cataluña empleando vías anticonstitucionales. Sus líderes ya protagonizaron, junto a Puigdemont y otros líderes de JxCat, un golpe de estado fallido en Cataluña en octubre de 2017. En pago por su respaldo en el Congreso la pasada legislatura, Sánchez abrió una mesa bilateral de ‘diálogo’ con el gobierno de la Generalidad, indultó a los condenados por el Tribunal Supremo y se avino a sacar del Código Penal el delito de sedición y a rebajar el de malversación, delitos por los que sus cabecillas habían sido precisamente juzgados y condenados.
Los líderes de ERC siempre han rechazado el indulto y exigido la amnistía y Aragonés y Junqueras contaban con concretar ambas cuestiones en la mesa de diálogo antes de finales de 2023. Sánchez ha esquivado de momento dar respuesta a tan inconstitucional exigencia anticipando las elecciones generales, pero Puigdemont, el líder prófugo de JuntsxCat, y los suyos, han manifestado nada más conocer los resultados del 23-J que hacen indispensable contar con sus 7 escaños para investir a Sánchez, su disposición a negociar la amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y apelan a ERC para aprovechar “la ventana de oportunidad” que les abre la investidura de Sánchez.
Incluso Zapatero, partidario de negociar la investidura de Sánchez con JxCat, ha reconocido que la celebración de un referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución
Pese a ello, no puede descartarse que unos y otros se conformen con vagas promesas para echar a andar la legislatura, y dejen las exigencias de amnistía y celebración de un referéndum de autodeterminación aparcadas de momento. Habrá que seguir con atención la negociación, porque incluso Zapatero, partidario de negociar la investidura de Sánchez con JuntsxCat, ha reconocido que la celebración de un referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución. Pero si no cabe, uno se pregunta que quiso decir el expresidente cuando afirmó que la investidura de Sánchez es una «gran oportunidad para avanzar en la integración de la diversidad». ¿No se ha enterado todavía Zapatero que ERC y JuntsxCat no quieren integrarse sino autodeterminarse? Claro que después de escucharle aquello de que “el infinito es el infinito, el universo es infinito, muy probablemente, no cabe imaginarnos en nuestra cabeza cómo es el infinito”, nada de lo que pueda salir ya de su privilegiado cráneo puede sorprendernos.
EH-Bildu es una federación de partidos de ultraizquierda que acoge en su seno el detritus de varias organizaciones políticas (Batasuna, Ekin, etc.) que fueron el brazo político de ETA en los años de plomo y la propia organización terrorista tras disolverse en 2018. Sus objetivos siempre han estado meridianamente claros y su portavoz, Otegui, condenado por integración en banda terrorista, se ha convertido en un faro ‘progresista’ que ilumina la ciénaga ‘sanchista’ en la pasada legislatura. En un documento de la organización fechado en junio de 2023, EH-Bildu considera que “el modelo político abierto con la transición muestra síntomas evidentes de agotamiento con una monarquía erosionada, un modelo territorial como factor permanente de inestabilidad y una crisis del bipartidismo que ha sostenido el sistema político-institucional y socioeconómico español en estas últimas décadas”, y plantea “de cara a una hipotética nueva legislatura con un gobierno progresista en el Estado, [que] EH Bildu pondrá sobre la mesa, más allá de temas sociales, aquellas relacionadas con las consecuencias del conflicto y la cuestión territorial”.
Esta es la peculiar forma de entender la democracia de EH-Bildu: el bloque ‘reaccionario’ no tiene derecho a gobernar España
Una reedición del gobierno Sánchez-Díaz dejará la gobernabilidad en manos de partidos políticos que dan por “agotado el modelo político abierto con la transición” y quieren aprovechar su debilidad para elevar el precio a pagar por respaldarlo en el Congreso. De no hacerlo, estamos probablemente condenados a ir a nuevas elecciones generales, y en caso de hacerlo se pondrá en marcha un proceso de disolución de las instituciones del Estado y una creciente estatalización de la economía. En el mitin en que participó junto a Junqueras y Aragonés en Barcelona el pasado 17 de julio, Otegui manifestó que “el bloque reaccionario del PP y Vox no tiene derecho a regir Euskal Herria ni Cataluña” y pidió el voto prestado progresista para «frenar al autoritarismo» y «avanzar hacia la libertad nacional» de ambas Comunidades. Ésta es la peculiar forma de entender la democracia de EH-Bildu y respetar la voluntad popular: el bloque ‘reaccionario’ no tiene derecho a gobernar España. Quién es el autoritario, me pregunto.
A la vista de los resultados obtenidos por los dos partidos mayoritarios el 23-J, Vox, el PNV y CCa tienen la responsabilidad de facilitar la investidura de Feijóo, el líder del partido que ha ganado las elecciones y el único que puede reconducir el deterioro institucional y frenar el aumento del gasto público y la deuda pública llevados por Sánchez mucho más allá de lo que exigía la pandemia. España necesita conformar un gobierno libre de las inclinaciones a intervenir la economía que representa SUMAR y de las exigencias de los partidos independentistas para desbordar el marco constitucional. Y al PSOE-PSC le corresponde la responsabilidad de reencontrar su centralidad y hacer una oposición predispuesta a acordar con el PP las grandes políticas de Estado en seguridad, justicia, sanidad, educación, vivienda, déficit y pensiones, dejando a un lado la crispación y polarización en que Sánchez ha sumido a la política española desde el 1 de junio de 2018.
Vox puede no ser el compañero ideal de viaje pero ERC, JxCat y EH-Bildu son, sin duda, mucho peores
Tras la llamada obligada del líder del PP para iniciar conversaciones, la dirección del PNV se apresuró a hacer pública su posición: no respaldará la investidura de Feijóo al que acusan de blanquear a Vox por los pactos cerrados con la formación liderada por Abascal en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La misma cantinela que repite Sánchez una y otra vez, una simple coartada tras la que busca sus vergonzosas cesiones y pactos de sus gobiernos con ERC, JuntsxCat y EH-Bildu en la pasada legislatura. Vox puede no ser el compañero ideal de viaje, pero ERC, JuntsxCat y EH-Bildu son, sin duda, mucho peores, Sres. Sánchez y Ortúzar. Y ya que a ambos les gusta hablar tanto de democracia y pluralidad, tendrán que reconocer que esos tres partidos juntos obtuvieron el respaldo de 4,85 %, de los ciudadanos y 20 escaños, cifras muy inferiores al 12,39 % del voto y 33 escaños logrados por Vox.
Nota: la noticia conocida de que tras contabilizar el voto en el extranjero el PP habría obtenido 137 diputados frente a 121 el PSOE-PSC refuerza la deseabilidad de que Vox, el PNV y CCa faciliten la formación de un gobierno del partido que ha ganado de las elecciones.
