El Govern del republicano Pere Aragonés ha dado luz verde a una partida de 850.000 euros que servirá para poner en marcha el «plan de fomento de las vocaciones judiciales, fiscales y de otras profesiones del ámbito de la justicia«, según ha informado en un comunicado. El objetivo de este plan, ha añadido en la nota, es «romper la falta de tradición opositora de los catalanes en la judicatura y en las profesiones jurídicas en general». Dentro del plan se incluirán los programas que ya ofertaba la Conselleria de Justicia, dirigida por Gemma Ubasart, y en los que participan en estos momentos unas 200 personas.
Estos programas se centran en formar jueces y fiscales «que conozcan la realidad lingüística, social y el derecho propio» catalán. Son cinco programas que, entre otras cuestiones, ofrecen a los participantes facilidades para acceder a las preparaciones necesarias para opositar dentro de la carrera judicial. Además, el sistema cuenta con un sistema de becas que tienen una duración de cuatro años. Estos programas los gestiona el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que depende de la Generalitat.
Rotación de personal
Entre los objetivos de estos programas y de la decisión de agruparlos todos en un mismo plan se encuentra el de intentar frenar la alta rotación de jueces y fiscales que sufre la Justicia en Cataluña. Una rotación provocada por cuestiones como la imposición lingüística. Por ello, el Govern pretende fomentar «las vocaciones» dentro de Cataluña para evitar situaciones en las que el personal de Justicia no conoce «las singularidades del país, especialmente en lo referente a cuestiones lingüísticas y de derecho propio».
