Como no puede ser de otra manera, los medios de comunicación occidentales nos van informando puntualmente del elevado número de víctimas civiles, principalmente mujeres y niños, que está causando la guerra que el ejército de Israel libra en Gaza, tras la matanza perpetrada por la organización terrorista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 (7-O). El ataque terrorista de Hamás se saldó con la muerte de 693 civiles israelíes, 373 miembros de las fuerzas de seguridad y 71 extranjeros, y ocasionó una profunda conmoción en cualquier persona con la sensibilidad necesaria para sentir las tragedias ajenas, incluso cuando ocurren en lugares alejados. Hamás emitió un comunicado el 21 de enero de 2024 en el que consideraba la matanza “un paso necesario” contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y exigía “un cese inmediato de la agresión israelí”. Más allá de la guerra de propaganda que libran uno y otro bando, quizá la única certeza incuestionable es que si Hamás no hubiera perpetrado la brutal matanza del 7-O, miles de palestinos víctimas de la invasión israelí seguirían hoy vivos. Pero para Hamás llevarla a cabo era “un paso necesario”. Hacía dónde, me pregunto.
En España, el conflicto entre Israel y sus vecinos se ha simplificado en extremo por los partidarios de uno u otro de los bandos
Hay opiniones para todos los gustos que van desde quienes justifican plenamente la operación emprendida por Israel en Gaza para acabar con la organización terrorista Hamás, pese a reconocer las indeseables consecuencias colaterales de la operación, hasta quienes no sólo no han condenado la acción terrorista de Hamás el 7-O sino que consideran la invasión de Gaza por el ejército israelí un auténtico genocidio del pueblo palestino, pasando por aquellos que mantienen posiciones menos extremistas, pues si bien condenan la matanza de Hamás y reconocen el derecho de Israel a defenderse, estiman que Israel se ha extralimitado en su respuesta y exigen al gobierno de Netanyahu poner fin a la invasión para evitar más muertes y poder atender a la población civil que está sufriendo los estragos de la guerra sobreviviendo en condiciones angustiosas.
En España, el conflicto entre Israel y sus vecinos se ha simplificado en extremo por los partidarios de uno u otro de los bandos. Los partidarios más acérrimos de Israel nos presentan el conflicto como la lucha de “una pequeña isla democrática rodeada por un océano de dictaduras musulmanas…, nueve millones de ciudadanos libres, amenazados de muerte por miles de millones de siervos” que defiende con gallardía los valores como la libertad y la democracia, y acusa a la izquierda de haber “abrazado las dictaduras islámicas y condenado a Israel de violencia y asesinato sin atender a ninguna razón”. Al otro lado de la trinchera, se encuentra esa izquierda que se sitúa inequívocamente siempre del lado del ‘pueblo’ palestino, no condena los atentados de Hamás, exige reconocer sin dilación el estado palestino, y aboga (algo tarde) por llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Simplificaciones extremas y tomas de posición que no ayudan a aclarar ni a resolver el problema de fondo.
Son muchos los intereses en juego y escasa la voluntad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para encontrar soluciones duraderas
Con independencia de que la afirmación de Guterres sobre el alcance del conflicto actual sea o no exacta, el hecho más relevante es que el Consejo de Seguridad no ha estado tampoco en esta ocasión a la altura de la alta responsabilidad que le encomienda la Carta de Naciones Unidas: “mantener la paz internacional y la seguridad”. Son muchos los intereses en juego y escasa la voluntad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para encontrar soluciones duraderas a conflictos regionales que no afectan a sus ciudadanos directamente. En el conflicto palestino-israelí, Guterres y quienes le precedieron en el cargo al frente de la ONU no han logrado desmantelar los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel en 1967 pero bajo control de la Autoridad Nacional Palestina desde 1994, ni poner fin a la política del gobierno israelí de fundar otros nuevos, siempre focos de conflictos y tiroteos con la población local allí asentada. Ni tampoco han sido capaces de hacer avanzar la solución de los dos estados garantizando la existencia de Israel, por una parte, y dando respuesta a la aspiración de los palestinos de contar con un estado independiente, reconocido por Israel como tal, por otra.
De ahí a calificar la invasión como un caso de genocidio, según establece la Convención sobre Genocidio de NU de 1948, hay un buen trecho
Según el ministro de Sanidad de Gaza, habían fallecido 25.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 21 de enero de 2024, la mayoría mujeres y niños, y Guterres, secretario general de la ONU, declaró ese mismo día que “las operaciones militares israelíes han llevado la destrucción masiva y la muerte de civiles” a una escala sin precedentes durante su mandato. En diciembre de 2023, el gobierno de Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza, exigiendo la adopción de medidas preventivas, e Israel respondió presentando una treintena de documentos secretos desclasificados indicativos de la preocupación del gobierno israelí por minimizar los daños a civiles y proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas. No cabe duda de que el gobierno israelí podría haber hecho algo más para evitar las muertes y el sufrimiento de la población civil en Gaza, aunque a costa de aumentar el número de bajas propias. Pero de ahí a calificar la invasión como un caso de genocidio, según establece la Convención sobre Genocidio de Naciones Unidas de 1948, hay un buen trecho.
En el fallo preliminar conocido el 26 de enero, la CIJ se declara competente para valorar los indicios de genocidio, reconoce la gravedad de los hechos presentados por Sudáfrica y subraya que “la población civil en la franja de Gaza continua siendo extremadamente vulnerable” y soporta “una situación humanitaria catastrófica que podría deteriorarse aún más antes de que el Tribunal emita su fallo definitivo”. Además, la CIJ en el apartado 78 del fallo insta “al Estado de Israel, de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, en relación con los palestinos en Gaza, a adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos dentro del ámbito del Artículo II de esta convención” que delimita los actos constitutivos de genocidio, y le exige “adoptar medidas efectivas e inmediatas para posibilitar la provisión de ayuda humanitaria y servicios básicos urgentemente necesitados para aliviar las condiciones de vida de los palestinos en la franja de Gaza”. Por último, la CIJ convoca al Estado de Israel a dar cuenta de las medidas adoptadas en un plazo de un mes a partir del fallo.
Hamás sigue operativa y en pie de guerra y la ayuda solo podrá llegar si acepta un alto el fuego, un escenario poco plausible
En cuanto a la exigencia de facilitar la llegada de ayuda humanitaria, la principal dificultad práctica reside en que Hamás sigue operativa y en pie de guerra y la ayuda sólo podrá llegar si acepta un alto el fuego, un escenario poco plausible mientras el ejército israelí permanezca en Gaza. La CIJ evita, como era previsible, pronunciarse sobre la cuestión de fondo, a saber, establecer si el objetivo de las acciones militares desplegadas por el ejército de Israel en Gaza desde el 7 de octubre, siendo como han sido muy duras y habiendo ocasionado miles de muertos entre la población civil, era exterminar al pueblo palestino en tanto que grupo nacional, étnico, racial o religioso, como sostiene Sudáfrica, o estaban dirigidas contra una organización terrorista infiltrada en la población civil para desmantelar las bases operativas y logísticas desde las que opera en Gaza. Cuando alguien se pregunta hasta qué punto resultaba necesario bombardear con tanta intensidad un territorio densamente poblado donde residen 2,1 millones en apenas 365 km2 para facilitar las operaciones del ejército israelí, quizá tendría que hacerse también esa misma pregunta en muchos otros casos en que los bombardeos preventivos se han utilizado para facilitar el avance de las fuerzas terrestres.
Aunque a los ciudadanos occidentales que seguimos adelante con nuestras relativamente plácidas vidas pueda sorprendernos la brutalidad y las trágicas consecuencias de la invasión de Gaza, las guerras casi nunca se han librado de forma honorable y casi siempre los civiles han resultado víctimas propiciatorias. No hace falta remontarse a la Segunda Guerra Mundial en las que ambos bandos llevaron a cabo acciones de una brutalidad inmisericorde contra la población civil, ni siquiera a la guerra de Vietnam, basta con referirnos a dos conflictos más recientes. De acuerdo con las estimaciones del Watson Institute de la Universidad de Brown, las guerras libradas en Iraq, Afganistán, Yemen, y Paquistán desde el 11-S habrían dejado una estela de 432.032 civiles fallecidos por muertes violentas hasta septiembre de 2021 y se estima que entre 3,6 y 3,8 millones han fallecido indirectamente a causa de estas guerras hasta mayo de 2023, alcanzando el número total de muertos la escalofriante cifra de 4,5-4,7 millones. Pocos se han rasgado las vestiduras ante semejantes masacres como si los muertos en unos conflictos pesaran más que en otros.
De no haber ordenado Putin la invasión de Ucrania, podrían haberse evitado decenas de miles de muertes en el campo de batalla
Un conflicto incluso más reciente es el que están librando en suelo ucraniano el ejército de Ucrania, respaldado por Estados Unidos, la UE y otros países Occidentales, y el ejército de Rusia. En este caso, la causa del conflicto fue también la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso el 24 de febrero de 2022. Como en el caso del atentado de Hamás, la única certeza indubitable es que de no haber ordenado Putin la invasión de Ucrania podrían haberse evitado decenas de miles de muertes en el campo de batalla, el desplazamiento de millones de personas de sus hogares, y la destrucción de infraestructuras, edificios civiles y viviendas. Una acusación a la que el gobierno ruso quizá respondería aduciendo que actuó en defensa propia y de la población rusa en Ucrania, ante la amenaza de una política exterior de Estados Unidos decididamente orientada a aislar a Rusia, tras ir incorporando a la OTAN en varias oleadas a países que habían sido miembros del Pacto de Varsovia e incluso a algunas repúblicas de la desaparecida URSS. No han sido el entendimiento y la distensión precisamente los objetivos que han guiado la política exterior estadounidense en Europa desde finales del siglo XX.
En ambos lados de las trincheras en la guerra atroz que está asolando Ucrania encontramos a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que han hecho pocos esfuerzos “para mantener la paz internacional y la seguridad”. Puesto que la guerra continúa, las cifras de bajas de que se dispone son quizá menos fiables. En todo caso, el New York Times, citando fuentes oficiales estadounidenses, cifraba el número de soldados fallecidos hasta agosto de 2023 en torno a 120.000 en el bando ruso y 70.000 en el ucraniano, cifras a las que habría que sumar 170.000-180.000 heridos en el ejército ruso y 100.000-120.000 en el ucraniano. Sin embargo, la cifra de civiles fallecidos estimada por la ONU sería de tan sólo 10.000 personas. Unas cifras que deberían hacer reflexionar a quienes tienen en su mano intentar detener la guerra.
Algunos medios de comunicación siguen animando a los europeos a prolongar esta guerra
La baja cifra de muertos civiles en este conflicto, comparada con la de Gaza, se explica, además de por el desplazamiento de millones de ucranianos a zonas más seguras dentro de Ucrania o en el extranjero, porque pese a los bombardeos ocasionales con misiles de centros urbanos alejados del frente, la guerra se está librando en un frente estabilizado desde hace bastantes meses, tras el fracaso de la ofensiva lanzada en el verano de 2023 en la que el ejército ucraniano perdió hasta un 20 por ciento de las nuevas armas recibidas y sufrió miles de bajas. Pese a que cada vez se aleja más la posibilidad de recuperar los territorios controlados por el ejército ruso en un plazo de tiempo razonable y se debilita el respaldo internacional a Zelenski, algunos medios de comunicación siguen animando a los europeos a prolongar esta guerra en la que, si bien hay pocas víctimas civiles, se cuentan por decenas de miles los civiles militarizados muertos.
Guterres tiene razón en reclamar dar pasos irreversibles con urgencia hacia la solución de los dos estados, aunque echarle en cara a Israel su rechazo a hacerlo en estos momentos no ayuda a desatascar un conflicto empantanado desde hace décadas que ha creado frustración en ambos bandos y alimentado la desconfianza mutua, y cuyas brasas se reavivan de tanto en tanto provocando muertes y sufrimiento de civiles como las que estamos viviendo ahora con especial intensidad en Gaza. He aquí algunas preguntas que, incluso si la situación fuera más distendida que la actual, cualquier gobierno de Israel plantearía al secretario general de la ONU. ¿Qué garantías ofrece la comunidad internacional a Israel para asegurar su existencia y seguridad una vez creado el estado palestino? ¿Cómo se elegirán el parlamento y el gobierno del nuevo estado? ¿Podrá, en particular, Hamás, una organización terrorista según el Departamento de Estado de Estados Unidos, participar en las elecciones e incluso estar al frente del gobierno de Palestina en caso de ganarlas?
El líder de Hamás reafirmó tras el 7-O el compromiso de su organización en coronar la derrota infligida al enemigo
Para avanzar hacia la solución de los dos estados, resulta imprescindible exigir a Israel desmantelar sus 279 asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este en los que viven 700.000 israelíes, focos de una violencia crónica en la que los palestinos suelen llevar la peor parte casi siempre. Ni siquiera con anterioridad al 7-O, se mostraba el gobierno israelí predispuesto a seguir la recomendación de Naciones Unidas de “cesar inmediatamente y revertir el desarrollo de asentamientos y actividades conexas” Pero para avanzar resulta también imprescindible contestar las preguntas planteadas en el párrafo anterior que no son meramente retóricas. Ismael Haniyeh, líder de Hamás, reafirmó tras el 7-O el compromiso de su organización en coronar la derrota infligida al enemigo “con una derrota aplastante que lo expulsará de nuestra tierras, nuestra ciudad santa de Al Quds [Jerusalém] nuestra mezquita Aqsa, y liberará a nuestros prisioneros de las cárceles de la ocupación Sionista”.
Incluso descontando el tono propagandístico de la arenga, a nadie puede extrañar que el gobierno israelí desconfíe de la solución de los dos estados mientras Hamás siga controlando la franja de Gaza y la existencia de Israel y su seguridad no estén garantizadas por la comunidad internacional. Los gobiernos de Israel, por su parte, no han mostrado disposición alguna a seguir las resoluciones de Naciones Unidas de desmantelar sus ilegales asentamientos y poner fin a la apropiación de tierras y viviendas propiedad de palestinos. Siendo realistas, pese a la presión internacional y al fallo provisional de la CIJ, la invasión de Gaza y la guerra va a continuar durante algunos días o incluso algunas semanas, hasta que se acuerde un alto el fuego que posibilite atender las urgencias más perentorias de la población palestina. Pero incluso si la operación israelí en Gaza deja debilitadas las estructuras operativas de Hamás, el alto coste en vidas humanas y la destrucción causada por la invasión harán muy difícil sentar al gobierno de Israel y a la Autoridad Nacional Palestina en una mesa de negociación para materializar la solución de los dos estados en el futuro inmediato.
Las consecuencias humanitarias y económicas de la guerra en Ucrania las estamos padeciendo y pagando directa e indirectamente todos los europeos
Algo más fácil resultaría quizá a Guterres impulsar desde la ONU una salida negociada a la guerra en Ucrania, toda vez que los frentes están estancados y pueden descartarse tanto la recuperación por el ejército ucraniano de los territorios ocupados por Rusia como la conquista del resto de Ucrania por el ejército ruso. El acuerdo debería contemplar conceder autonomía a las regiones del este de Ucrania, como se pactó en el acuerdo Minsk II en febrero de 2015, retirar las sanciones impuestas a Rusia, y ofrecer garantías al Kremlin de que se paralizan las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la OTAN. ¿Hay disposición a hacerlo? Putin puede ser un autócrata despreciable, pero la política de acoso auspiciada por Estados Unidos en el Norte y Centro de Europa desde 1999 no sólo no ha aumentado la seguridad en la región sino que ha propiciado el inicio de una guerra cuyas consecuencias humanitarias y económicas estamos padeciendo y pagando, directa e indirectamente, todos los ciudadanos europeos, especialmente los ucranianos y rusos sobre los que recaen las consecuencias más trágicas.
