En plena controversia por si la ley de amnistía blindará o no los delitos cometidos por el secesionismo durante el procés, la Audiencia de Barcelona ha confirmado hoy la decisión del Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona enviar a juicio a 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1 de octubre de 2017. De esta manera, el tribunal descarta investigar a más agentes, como pretendían Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, ni archivar totalmente la causa contra los procesados, como pedían las defensas de los agentes. Asimismo, la Audiencia confirma que se aparte a la Generalitat de la acusación popular pues no existe ninguna norma con rango de ley que la habilite para ello.
Por otra parte, en su resolución, el tribunal señala que la «calificación jurídica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público». En base a las imágenes aportadas por la acusaciones, el juez instructor considera que durante las cargas se hubo «violencia denigrante» y que no se ciñó en todo momento a los protocolos policiales. Así, según el juez, se usó la fuerza física antes de recurrir a la negociación y la intimidación de los activistas.
