Que la UE haya decidido investigar la trama rusa del procés no es casual. Las evidencias se acumulan. Para empezar, son hasta siete los espías rusos que visitaron Barcelona durante el proceso separatista vinculados a la unidad 291555 del GRU, especializada en campañas de desestabilización política. Entre ellos, Serguéi Fedótvo, Serguéi Pavlov y Aleksandr Mixkin. A parte, poco antes del referéndum ilegal, visitó Barcelona y se entrevistó con Raül Romeva, la diputada letona Tatjana Zdanoka, ya acusada de ser agente secreta para Rusia. Ahora, la Eurocámara la acusas de trabajar al servicio de la Quinta División del Servicio Federal de Seguridad (FSB) —la antigua KGB—.
Por otra parte, la plataforma Tsunami Democràtic, presunta responsable de las protestas a la sentencia del procés, se ayudó de Rusia para blindar sus comunicaciones. El contable de Puigdemont, Jaume Cabaní, y el empresario gerundense Josep Campmajó —ambos a las órdenes de Xavier Vendrell— habrían trabajado con expertos del entorno ruso, según deduce la Guardia Civil por hallazgos en el ordenador del segundo. Se sospecha que estaban trabajando en alguna clase de criptomoneda que alguien, presuntamente altos dirigentes secesionistas, habrían encargado para convertir Cataluña en refugio mundial de las criptomonedas.
Todo ello sin olvidar el tratamiento muy favorable al procès en los medios oficiales rusos, o el apoyo de Puigdemont a la anexión de Crimea.
