Aunque Esquerra Republicana no enarbola un discurso beligerante contra la inmigración como Aliança Catalana o, en menor medida, la Junts de los últimos tiempos, en la práctica mantiene una política menos políticamente correcta. Prueba de ello es que la conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat ha protestado por la propuesta del Gobierno para repartir 2.500 menores inmigrantes no acompañados de los 5.500 que tutela en estos momentos en Canaria. Según el Ejecutivo, el reparto «no se ajusta a la realidad» y se opone a «dar por bueno este supuesto reparto que ronda el centenar de jóvenes migrantes solos, cuando entre enero y marzo han llegado 891».
Así, el Govern ha reclamado «la necesidad de un reparto más justo para todos los territorios del Estado acompañado de una financiación proporcional a aquellos que acogen y más transparencia en la información sobre flujos migratorios». «No responde a las necesidades reales de Cataluña», ha mantenido. La Generalitat considera que no se están teniendo en cuenta el esfuerzo real de acogida que supone acoger a los menores mencionados y los costes de prestación del servicio, por o que exigen un presupuesto más ajustado a la realidad.
