La candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía parece no haber caído todavía en la cuenta que ya no es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del gobierno de Sánchez, “la mujer, sin duda, con mayor poder del conjunto de la democracia”, la mujer que quitaba el dinero a los contribuyentes y lo repartía para ganar votos. Tiró de la inagotable billetera de Hacienda para condonar 17.104 millones de la deuda contraída por Cataluña con el Estado para satisfacer a los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya y haciendo alarde de un sectarismo impropio de su papel institucional ninguneó a la mayoría de Comunidades Autónomas sujetas al régimen común imponiendo un modelo de financiación singular para favorecer a Cataluña.
La mano de Montero estuvo también detrás de la fallida venta al Instituto de Empresa (IE) en 2018 del Complejo Campos Velázquez propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), presidida entonces por (Vicente) Fernández, tras haber ‘fichado’ a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, como directora del African Center. Según la información publicada en Vozpópuli, los dos patrocinadores de la cátedra de Begoña en el IE recibieron pingues beneficios: “Globalia consiguió del Gobierno rescates y ayudas por cerca de 1.100 millones de euros hasta 2021, y la Organización Mundial de Turismo, la cesión de su sede gratis por 75 años tras una reforma -que asumió Ferrovial- de 24,4 millones”.
Ahora, Montero no es ya más que una simple aspirante a diputada de una Comunidad Autónoma de España y la peor valorada de todos los candidatos a presidir la Junta de Andalucía según el Centro de Estudios Andaluces. La mayoría de las encuestas electorales coinciden en que Montero podría además cosechar el peor resultado del PSOE en Andalucía desde la constitución de la Comunidad Autónoma en 1981. La encuesta más favorable (SigmaDos) le otorga 24,7 % de respaldo, la más desfavorable (Gesop) 20,5 %, y la media, 22,4 %, una cifra que está por debajo del porcentaje más bajo, 24,10 %, obtenido por el PSOE en las elecciones autonómicas de 2022.
Un currículum de cuidado
Quien siembra vientos, recoge tempestades, aunque quizá en este caso sería más apropiado decir que quien juega tantas veces con fuego acaba en la unidad de quemados. Hasta donde recuerdo, Montero ha puesto la mano en el fuego por Ábalos y Cerdán, por (Vicente) Fernández, expresidente de la SEPI, por (Carlos) Moreno, jefe de gabinete de Montero, y por (José Antonio) Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Y no dudó en defender la honorabilidad de los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán incluso después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de la Audiencia de Sevilla por su papel en la trama de los ERE. Todo un historial de cercanía y defensa de delincuentes, presuntos y condenados, que debería inhabilitarla para seguir viviendo de las instituciones que financiamos los contribuyentes.
Nadie sabe cuántos secretos más puede haber bajo las alfombras de Hacienda, pero el último caso conocido da una idea del tufo marrullero que ha rodeado el paso de Montero por el Ministerio desde 2018. Un dato importante para valorar esa trayectoria es que prorrogó en 2019 los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el PP en mayo de 2018 y ha incumplido en la presente legislatura su obligación constitucional de presentar los PGE en 2023, 2024 y 2025. Todo un récord difícil de igualar, pero muy conveniente para ocultar el trasiego de millones en las cuentas del Estado durante todos esos años. Montero ha transferido créditos de unas partidas a otras y ha aprobado innumerables créditos extraordinarios a discreción, convirtiendo lo excepcional en habitual en la práctica presupuestaria.
La gestión de Montero al frente de Hacienda ha venido a demostrar que se puede aguantar toda una legislatura eludiendo los controles parlamentarios para hacer realidad aquello que apuntó el número 1 a los suyos en septiembre de 2024 tras perder las elecciones generales en julio de 2023: “gobernaremos con o sin la oposición, con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo”. Y si no lo es, pero para él. Los resultados macroeconómicos de Montero resultan asimismo difíciles de igualar porque, a pesar del fuerte aumento de los ingresos impositivos desde 2018 hasta 2025, 55,9 % en 7 años, y las ayudas extraordinarias recibidas de la UE desde el segundo semestre de 2021, 94.390 millones, el gobierno incurrió año tras año en déficits excesivos hasta 2025 y aumentó la deuda pública en 494.558 desde el segundo trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2025.
Algo más que un tirón de orejas
Además de señalar que “el balance de la Seguridad social recoge por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo” que ascendía a 106.138,7 millones de euros, financiado con préstamos del Estado cuyo importe acumulado alcanzaba 126.170,2 millones en 2024, y “la existencia de un importante déficit estructural en el ámbito de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social” de 2.677,3 millones de euros, la nota de prensa del Tribunal de Cuentas publicada el 5 de mayo, señalaba las siguientes salvedades en la ejecución presupuestaria correspondiente a 2024:
- Sobrevaloración del resultado presupuestario en 4.090,3 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos.
- Existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación por importe de 1.627,1 millones de euros.
- Sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros.
- Infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA por 2.643,9 millones de euros.
- Falta de contabilización de los intereses de demora de las deudas por cuotas de la Seguridad Social por 781 millones de euros.
- Dudas razonables sobre la cobrabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde 1995, por 672,3 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas subrayaba también que la ausencia de PGE ha creado “incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria” y obligado a realizar modificaciones presupuestarias de tal magnitud que “los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95 % se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda, aunque el buen comportamiento de los ingresos permitió que dicha variación del saldo vivo de la deuda no alcanzase este importe”. En otras palabras, faltó seguridad jurídica en la gestión presupuestaria, se ampliaron los créditos en una suma ingente que inicialmente se tuvo que apalancar con aumentos de deuda. Y aunque el fuerte aumento de los ingresos posibilitó financiar una parte de los créditos ampliados, el Banco de España cifra en 60.323,9 millones el aumento la deuda viva en 2024.
Irregularidades detectadas en los fondos europeos
El Tribunal de Cuentas manifestaba también que “la insuficiencia del crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», al considerar que no comprometían el cumplimiento del PRTR ni la capacidad de absorción del MRR”. Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha negado en una comparecencia en el Senado “haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defiende la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias”. Sr. Cuerpo: ¿se financiaron o no esos pagos con créditos sobrantes del servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como afirma el Tribunal de Cuentas? Quizá echar mano de esos fondos de la cuenta 50 fue un recurso transitorio al que recurrió Montero para salir del paso, pero el Tribunal de Cuentas nada dice de que fueran restituidos posteriormente.
Las malas prácticas de Montero volvieron a repetirse en 2025 sólo que multiplicadas. La información publicada en El Mundo el 6 de mayo y recogida en el Brussels Signal el 7 de mayo apuntaba que el gobierno de Sánchez “desvió al menos otros 8.500 millones de euros de partidas previstas con fondos europeos para destinarlos al pago de pensiones, ingreso mínimo vital, otros gastos sociales e incluso aportaciones a Correos” en 2025. De confirmarse esta información, la suma total de fondos empleados irregularmente en 2024 y 2025 alcanzaría 10.889,4 millones.
Una Hacienda marrullera
Desde sus inicios, se ha denunciado la opaca gestión de los recursos del fondo Nueva Generación de la UE realizada por los gobiernos de Sánchez, algo sólo posible, hay que reconocer, porque las propias instituciones de la UE dejaron en manos de los Estados miembros la gestión de los fondos asignados a cada uno de ellos sobre la base de unos planes de recuperación donde se recogían objetivos y compromisos de reforma muy difusos (véase, mi artículo “Políticas para la recuperación económica III: valoración del Plan Sánchez”, publicado en El Liberal.cat el 5 de mayo de 2021). En otras palabras, la limitada capacidad de las instituciones europeas para fiscalizar los proyectos que los países receptores han financiado con los fondos asignados a impulsar las transiciones ‘energética’ y ‘digital’ ha posibilitado distribuirlos con gran opacidad, discrecionalidad y falta de rigor.
La última actualización de Elisa, la herramienta de visualización de datos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) , fechada el 31 de marzo de 2026, indica que el Ministerio de Hacienda ha realizado convocatorias de proyectos por importe de 94.390 millones de los que se han asignado 79.854 millones a diversos planes, ascendiendo a 66.982 millones la cuantía de las convocatorias resueltas con una tasa de resolución de 71,0 %. La cuestión a responder es qué ha hecho Hacienda con el margen los recursos convocados y asignados durante estos años: 27.318 (= 94.390 – 66.982) millones. Pues más o menos lo que hacían los bancos hasta hace no mucho tiempo cuando un cliente ordenaba una transferencia en una entidad bancaria que se tomaba su tiempo hasta hacerla efectiva. En este caso, Montero ha utilizado los recursos provenientes de la UE, depositados en una cuenta del gobierno en el Banco de España, para pagar las pensiones, otros gastos sociales y hasta deudas de Correos.
A cierre de 2025, la Contabilidad de Caja del Estado elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado indica que la “Cuenta corriente del Estado en el Banco de España” (CC) presentaba un saldo positivo muy pequeño, 71 millones, en 2025, mientras que la partida “Otros depósitos en el Banco de España” (OD) arrojaba un saldo positivo de 16.758 millones. La situación en 2024 resultaba aún más dramática porque la CC presentaba un saldo negativo de -38.268 millones y la partida OD un saldo positivo de 20.863 millones. Estas cifras sugieren que la CC del gobierno en el Banco de España carecía de margen para afrontar pagos a realizar por Hacienda y Montero echaba mano de la partida OD y la utilizaba como comodín para financiar gastos en 2024 y 2025.
En varios artículos publicados en El Liberal.cat (véase, por ejemplo, “Calviño y el efecto Manzanera”) y en la revista Consejeros ( véase, por ejemplo, “El PIB ya no es lo que parece”) he acuñado la expresión “efecto Manzanera” para referirme a las sospechas que suscita entre los economistas profesionales la sustitución de Rodríguez Poo, presidente del INE hasta junio de 2021, por Elena Manzanera, traída del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, con el expreso mandato de Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital de Sánchez, de revisar la ‘metodología’ de Cuentas Nacionales del INE, ya que al entender de la ministra el INE infravaloraba el crecimiento del PIB y sobrevaloraba la tasa de inflación. Ahora, podemos añadir otra sombra de duda a la colonización de las instituciones por los gobiernos de Sánchez que bien podríamos denominar el “efecto Montero”, en honor a las prácticas marrulleras desplegadas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la bien ida a la que no voy a echar de menos.
