La Justicia sigue actuando como dique de contención frente al nacionalismo lingüístico. En la misma semana, dos escuelas en las que se aplicaba el veto al castellano vehicular —sistema conocido como inmersión lingüística— se verán obligadas de manera cautelar a ofrecer una o más asignaturas en español a partir de septiembre. En concreto, «una o unas materias que, por su importancia en el currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales». En el primer caso, se trata de un centro escolar de la comarca del Barcelonés en el que, según la Justicia, «la presencia de la lengua castellana, fuera de la asignatura de lengua y literatura, puede ser calificada de residual».
El otro centro que deberá dar castellano gracias una fallo similar se encuentra en el Maresme. El TSJC aduce que la «interpretación constitucional del derecho de los alumnos y alumnas del derecho a recibir la enseñanza en castellano, exige la garantía de una presencia mínima de la lengua castellana en la enseñanza». Además, considera que un «sistema de inmersión podría tener viabilidad en una enseñanza gratuita binaria o de opción lingüística, pero presenta límites en un modelo único integral de enseñanza gratuita para todos los alumnos, como es el de Cataluña».
