Controvertida petición del colectivo Irídia. El centro para la Defensa de los Derechos Humanos de tal nombre ha reclamado hoy que los 51 agentes investigados por las cargas policiales en manifestaciones y disturbios de carácter secesionistas no se vean beneficiados por la ley de Amnistía —que, como es sabido, borra los delitos de los políticos secesionistas del procés—. Según Irídia, las víctimas tienen derecho a una reparación y a tener la garantía de que hechos similares no volverán a tener lugar. Por ese motivo, exigen que la medida de gracia no afecte a los 51 agentes sobre los que en la actualidad pesan acusaciones de lesiones o tratos degragadantes.
«Hechos tan graves como los del 1 de octubre no tienen que quedar impunes. Después de casi siete años de procedimiento judicial -en que Irídia hemos ejercido de acusación popular en los dos procedimientos abiertos en Barcelona y de acusación particular en representación de 13 personas afectadas-, hace falta que los 51 agentes acusados sean enjuiciados y condenados, y que las víctimas sean escuchadas y resarcidas», señalan. Sin embargo, valoran la ley de amnistía de manera positiva pues es una norma «necesaria» que «devuelve al campo de la política y al debate público aquello que nunca tendría que haber entrado en el ámbito judicial». Cabe destacar que una de las fundadores es Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, condenado por dejar tetrapléjico a un Guardia Civil y el asesinato de un hombre que portaba una bandera española. La entidad recibe importantes subvenciones públicas, tanto de la Amnistración catalana como de la central.
