Decenas de personas se concentraron este lunes frente a los institutos Institut Eugeni d’Ors y Institut Margarida Xirgu, en L’Hospitalet de Llobregat, para protestar contra el plan piloto que prevé la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en centros educativos considerados de alta complejidad. Los manifestantes califican la medida de “insulto” y denuncian falta de información y transparencia.
Críticas por falta de información
La comunidad educativa denuncia que el proyecto se comunicó sin detalles y sin participación de los centros. Según los docentes, la decisión se anunció el día de Sant Jordi y no ha pasado por ningún órgano democrático interno de los institutos. Además, aseguran que aún no han recibido confirmación oficial de su aplicación.
“Se ha tomado de espaldas a la comunidad educativa”, afirmó Pepa Vidal, profesora del Institut Margarida Xirgu, quien defiende que los centros ya cuentan con una convivencia “sana” a pesar de las dificultades del contexto social.
Rechazo del alumnado
El alumnado también ha expresado su rechazo. Àlex Cisneros, estudiante del centro, denunció que las familias no han sido informadas y calificó la medida de “ataque racista y estigmatizador”. Según él, la respuesta adecuada sería reforzar educadores sociales y recursos pedagógicos, no introducir presencia policial.
Posición del profesorado y sindicatos
El sindicato USTEC criticó la propuesta, señalando que llega en un contexto de falta de recursos y personal educativo. El profesorado defiende que los conflictos escolares deben abordarse desde la mediación y no desde la presencia policial.
“Nos dicen que no hay dinero para educadores sociales, pero sí para policías”, denunciaron varios docentes, reclamando más recursos y menos ratio de alumnos por aula.
Reacción política e institucional
Grupos municipales como ERC y los Comuns en L’Hospitalet han calificado la medida de “insulto” y han pedido su retirada inmediata. Por su parte, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya también ha mostrado su desacuerdo, advirtiendo de que las funciones de convivencia y mediación corresponden a profesionales de la educación social.
Presión para detener el plan piloto
La CUP ha presentado un requerimiento formal para suspender el proyecto, alegando falta de cobertura legal y ausencia de participación de la comunidad educativa. Si no se detiene en diez días, el partido llevará el caso a los tribunales.
Movilización en curso
La comunidad educativa de ambos institutos mantiene las protestas y no descarta nuevas acciones conjuntas con otros centros afectados. Denuncian que el plan se ha impuesto sin consenso ni diálogo previo.
