La apuesta de Veolia por el reciclaje y las materias primas secundarias responde a una decisión estratégica que va más allá de la gestión de residuos: reforzar la soberanía de producción, reducir la dependencia de recursos externos y contribuir a una economía más resiliente. En un entorno marcado por la volatilidad de los mercados y la evolución constante del marco normativo, las materias primas secundarias se consolidan como una de las respuestas más eficaces para que las empresas ganen en autonomía, competitividad y seguridad de suministro. Veolia, líder en servicios medioambientales, trabaja cada día para que el reciclaje sea el motor de una industria más preparada para afrontar con solidez los retos de un contexto en permanente cambio, anticipando los requisitos normativos para que sus clientes estén siempre un paso por delante.
Tecnología e innovación al servicio del reciclaje
Veolia ha sido seleccionada para cinco proyectos dentro del PERTE de Economía Circular, la convocatoria del MITECO dotada con 150 millones de euros que ha elegido 115 iniciativas de las 201 presentadas, con presencia en 14 comunidades autónomas y plazo de ejecución hasta octubre de 2027. La financiación obtenida, que asciende a 9 millones de euros, se destinará a modernizar y reforzar tecnológicamente sus dos instalaciones de referencia en el reciclaje de plástico en España, donde en 2025 se procesaron más de 130.000 toneladas de material, consolidando a la compañía como un actor clave en la cadena de valor de la economía circular.
En la planta de Torremejía (Badajoz), referente en el reciclaje de PET apto para contacto alimentario, las inversiones permitirán abordar el tratamiento de tipologías de plástico hasta ahora difíciles de reciclar mecánicamente, como el PET bandeja u opaco, explorando vías hacia el reciclado químico y evitando que estos materiales acaben en valorización energética. La mejora de los sistemas de clasificación, lavado y monitorización en tiempo real contribuirá asimismo a elevar la calidad del material obtenido y a minimizar la generación de microplásticos. Estas mejoras contribuirán además a que fabricantes y envasadores puedan cumplir con los objetivos de contenido mínimo de plástico reciclado establecidos por la legislación vigente, que fija un 25% para 2025 y un 30% para 2030.
En las instalaciones de Alcalá de Guadaira y Los Palacios (Sevilla), orientadas al plástico industrial, posconsumo y agrícola, las actuaciones se centrarán en mejorar las propiedades de las granzas de polietileno para ampliar su aplicabilidad en sectores como el packaging, así como en optimizar los procesos de filtrado y lavado para el tratamiento de residuos plásticos de origen agrícola.
La actividad de ambas plantas forma parte de una cadena de valor más amplia en la que Veolia acompaña a fabricantes y marcas desde el diseño del envase hasta su reincorporación al ciclo productivo. Conseguir que un envase sea verdaderamente reciclable requiere conocimiento técnico especializado, y para ello la compañía pone a disposición de sus clientes herramientas de ecodiseño, pruebas en sus propias instalaciones, certificaciones de reciclabilidad y el respaldo de una red internacional de expertos. Una vez obtenido el material reciclado, Veolia garantiza que cumple con los estándares de calidad exigidos en cada aplicación, asegurando así su viabilidad comercial y su retorno al mercado.
A ello se suma el trabajo de la compañía para estimular la demanda de materias primas secundarias, con especial atención al sector público, para el que ha desarrollado una herramienta específica orientada a facilitar la incorporación del plástico reciclado en los procesos de contratación de las administraciones públicas.
Una guía para impulsar la compra pública de plástico reciclado
La apuesta de Veolia por la economía circular va más allá de sus instalaciones de referencia en España. Junto con la Fundación de la Universidade da Coruña y ANARPLA (Asociación Nacional de Recicladores de Plástico), la compañía ha desarrollado una guía práctica para ayudar a las administraciones públicas a incorporar plástico reciclado en sus procesos de contratación, convirtiendo su poder de compra en un instrumento activo de transformación del mercado. Y es que la contratación pública, que representa en torno al 14% del PIB de la UE, tiene un papel determinante para alcanzar el objetivo europeo de duplicar la tasa de uso circular de materiales hasta el 24% en 2030, lo que implica cuadruplicar la demanda de plástico reciclado en Europa.
Con cláusulas y criterios ambientales ya redactados y estructurados en dos niveles de exigencia, básico y avanzado, la guía se adapta a la realidad de cada entidad. Su contenido se organiza en ocho fichas sectoriales de aplicación directa; Diseño, Construcción y Gestión de edificios de oficinas y obras; Proyectos de diseño de carreteras; Mobiliario urbano y de oficina; Parques y jardines; Productos y servicios de limpieza; Alimentación y servicios de restauración; Contenedores y papeleras y Productos textiles. Con un formato de uso inmediato, incluye la redacción concreta, indicaciones de verificación y orientación sobre cómo integrar cada cláusula en los pliegos. Además, anticipa los requisitos mínimos de contenido reciclado que la futura Ley de Economía Circular de la UE, prevista para 2026, establecerá con carácter obligatorio.
Su publicación marca el punto de partida para la aplicación progresiva de estas cláusulas en la contratación, el seguimiento de su implantación y la incorporación de las mejores prácticas con el paso del tiempo, configurándose como un modelo de mejora continua que evolucionará en paralelo a los avances que vayan aportando los sectores industrial y del reciclado de plástico.
En un contexto en el que España se posiciona como uno de los países líderes en Europa en capacidad de reciclado de plásticos, garantizar la demanda de estos materiales resulta tan determinante como su producción. La guía contribuye a consolidar esta base industrial y refuerza la autonomía estratégica en el suministro de materias primas, al tiempo que ofrece a las administraciones públicas un marco concreto para ejercer su poder de compra de forma responsable y alineada con los objetivos de la economía circular.
