El PSC ha asegurado este miércoles que ha respetado «en todo momento» la legislación electoral y que ha actuado con “total transparencia” después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reclamara documentación relacionada con la campaña de las elecciones catalanas de 2024.
La petición judicial se enmarca en la investigación sobre una presunta “trama criminal” atribuida al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y relacionada con supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones que afectaban al partido socialista.
En este contexto, la Guardia Civil acudió este miércoles a la sede del PSOE para solicitar distinta documentación, entre ella las cuentas de la campaña del PSC en las elecciones al Parlament de 2024.
El juez reclama la documentación íntegra presentada ante la Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas, incluyendo estados contables, contratos, facturas y gastos de propaganda y publicidad electoral.
Voluntad de colaborar
Ante esta situación, el PSC ha emitido un comunicado en el que afirma que toda la información requerida ya está depositada en la Sindicatura de Comptes y ha sido objeto del correspondiente informe de fiscalización. Además, el partido asegura que ha recopilado nuevamente la documentación para ponerla a disposición judicial “con voluntad de colaborar con la Justicia”.
“Hemos colaborado, colaboramos y colaboraremos con las autoridades judiciales en todo lo que sea necesario”, señala el comunicado de los socialistas catalanes. El PSC también destaca que el escrito del juez “no contiene ninguna afirmación que vincule la campaña electoral catalana con los hechos investigados” en el caso Cerdán.
Según el informe de la Sindicatura de Comptes sobre las elecciones catalanas de 2024, el PSC destinó 2.979.681 euros a la campaña electoral. La mayor parte de los fondos procedían de operaciones de endeudamiento, además de anticipos de la Administración, aportaciones privadas y recursos del propio partido.
La Sindicatura detectó un pago de 6.607 euros realizado fuera de la cuenta electoral y propuso por ello una reducción del 10% de la subvención electoral correspondiente a ese gasto.
