La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que elabore una instrucción dirigida a los consulados para aclarar los criterios que deberán aplicarse al inscribir en el censo electoral a los nuevos ciudadanos españoles acogidos a la conocida como ley de nietos. El objetivo es evitar decisiones arbitrarias en la asignación del municipio donde estos electores ejercerán su derecho al voto.
La decisión, adoptada en la reunión celebrada este jueves, llega después de semanas de controversia por el impacto electoral que podría tener la masiva concesión de nacionalidades derivada de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La norma, aprobada en 2022, permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados, aunque una posterior instrucción del Ministerio de Justicia amplió su aplicación a descendientes de españoles emigrados por cualquier motivo.
Precisamente esa interpretación más amplia ha sido objeto de críticas por parte de diferentes formaciones políticas y organizaciones, que consideran que introduce inseguridad jurídica al modificar mediante una instrucción administrativa el alcance de una ley aprobada por las Cortes.
La JEC limita su actuación al ámbito electoral
En su resolución, la Junta Electoral Central deja claro que no le corresponde pronunciarse sobre quién puede obtener la nacionalidad española ni sobre el procedimiento para concederla. Su intervención se limita a garantizar que la inscripción de estos nuevos ciudadanos en el censo electoral se realice con criterios homogéneos y transparentes.
La legislación vigente establece que el municipio de inscripción debe ser el de la última residencia del elector en España o, si nunca ha vivido en el país, aquel con el que mantenga un mayor arraigo personal o familiar. Solo cuando no pueda acreditarse ninguna de estas circunstancias, la oficina consular podrá determinar de oficio el municipio correspondiente.
Ante el elevado volumen de nuevas nacionalizaciones previstas, la JEC considera necesario concretar cómo debe acreditarse ese arraigo, qué documentación será válida y en qué supuestos podrá actuarse de oficio.
Polémica política por el impacto electoral
La ampliación del alcance de la denominada ‘ley de nietos’ ha alimentado un intenso debate político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de utilizar el proceso con fines de «ingeniería electoral«, aunque durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática los populares no presentaron objeciones a esta medida e incluso defendieron posteriormente propuestas similares para facilitar la nacionalidad a descendientes de emigrantes españoles.
Por su parte, VOX ha denunciado reiteradamente el riesgo de un posible fraude electoral y llegó a solicitar la suspensión del voto por correo desde el extranjero hasta que existieran mayores garantías. La Junta Electoral ha rechazado esta petición al recordar que la Constitución reconoce el derecho de sufragio de todos los españoles residentes en el exterior.
Más de dos millones de solicitudes
La preocupación se ha intensificado por el elevado número de expedientes en tramitación. Según datos publicados en los últimos meses, las solicitudes para acogerse a la ‘ley de nietos’ superan los 2,5 millones, aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado recientemente que en las elecciones previstas para 2027 podrían incorporarse al censo alrededor de 500.000 nuevos electores.
Tras la resolución de la Junta Electoral, el Partido Popular sostiene que el órgano le da la razón al exigir nuevas garantías y reclama que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo electoral hasta que la Oficina del Censo apruebe y aplique la instrucción solicitada.
