La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por un tribunal de jurado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En su resolución, el tribunal elimina las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida, además de revocar las medidas cautelares que le habían sido impuestas.
Los magistrados avalan la investigación desarrollada por el juez Juan Carlos Peinado y rechazan los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía, al considerar que las resoluciones del instructor contienen una motivación suficiente sobre los hechos investigados y su posible relevancia penal. No obstante, limitan el procedimiento a los dos delitos que consideran respaldados por los indicios recopilados.
La causa seguirá adelante contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación, mientras que su asesora, María Cristina Álvarez, continuará investigada únicamente por este último delito. En cambio, el empresario Juan Carlos Barrabés queda fuera del juicio con jurado, ya que la investigación sobre las adjudicaciones de contratos públicos continuará por la vía del procedimiento abreviado.
Se retiran las medidas cautelares
La Audiencia Provincial de Madrid ha levantado las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez, por lo que recuperará su pasaporte y dejará de estar obligada a permanecer en España y a comparecer periódicamente ante el juzgado. Los magistrados consideran que, aunque existen indicios que justifican la continuidad del procedimiento, no hay un riesgo real de fuga que haga necesario mantener dichas restricciones.
La resolución subraya que tanto Gómez como su asesora, María Cristina Álvarez, han acudido a todas las citaciones judiciales y cuentan con un fuerte arraigo personal, familiar y profesional en España. Asimismo, el tribunal entiende que la reducción de los delitos investigados, de cuatro a dos, disminuye el riesgo procesal y refuerza la decisión de retirar las medidas cautelares.
La cátedra, bajo análisis
La Audiencia Provincial de Madrid aprecia indicios de que Begoña Gómez pudo valerse de su condición de esposa del presidente del Gobierno para influir en la Universidad Complutense de Madrid y lograr la creación de una cátedra extraordinaria, así como su posterior nombramiento como directora.
Según la resolución, esa relación con el jefe del Ejecutivo pudo ejercer una «presión moral suficiente» sobre las autoridades académicas para favorecer dichas decisiones. Los magistrados añaden que, en esta fase del procedimiento, no es imprescindible acreditar un beneficio económico directo para sustentar los indicios del presunto delito de tráfico de influencias.
El software y los fondos públicos
Los magistrados consideran que la cátedra otorgó a Begoña Gómez un respaldo institucional que facilitó el acceso a financiación, recursos y servicios especializados. Además, aprecian indicios de que el software desarrollado con fondos públicos fue gestionado a través de una empresa de su propiedad, lo que podría haber generado un beneficio personal y un posible perjuicio económico para la Universidad Complutense de Madrid de unos 113.000 euros, además de otros gastos asociados.
El caso llega al jurado popular
La Audiencia Provincial de Madrid considera que existen indicios suficientes para que un tribunal de jurado valore si Begoña Gómez cometió los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
No obstante, el tribunal descarta mantener las acusaciones por corrupción en los negocios, apropiación indebida y administración desleal. Con esta decisión, el caso avanza a una nueva fase en la que será un jurado popular quien analice las pruebas y determine la posible responsabilidad penal de la investigada.
